El presidente Gustavo Petro ha emitido una directiva firme a su equipo ministerial, exigiendo un reforzamiento inmediato de la presencia y acción gubernamental en los territorios marginados de Colombia, especialmente aquellos asolados por la violencia. Durante una sesión del Consejo de Ministros en la Casa de Nariño, el mandatario expresó su descontento ante la aparente inacción en estas áreas críticas.
«¿Qué se está haciendo realmente en las zonas de exclusión territorial? ¿Se está priorizando adecuadamente? ¿Mis constantes llamados en los consejos de ministros están cayendo en oídos sordos?», cuestionó Petro, dejando entrever su frustración por la lentitud en la implementación de políticas estatales en las regiones más vulnerables del país.
El presidente hizo hincapié en la necesidad apremiante de establecer una presencia gubernamental robusta en lugares como Micay y Catatumbo, donde la ausencia del Estado ha permitido el arraigo de grupos armados y economías ilícitas. «La persistencia de la ausencia de gobierno civil en Micay es inaceptable. Y mantener la presencia del Estado en Catatumbo, incluso bajo amenaza, es imperativo», declaró Petro, subrayando la importancia de proteger a los funcionarios y asegurar la continuidad de los servicios públicos en estas zonas clave.
Además, Petro identificó otras regiones que demandan una atención prioritaria por parte del Gobierno central. «Se están abriendo espacios críticos en Nariño, Putumayo, posiblemente el Magdalena Medio, las zonas del sur del Caribe y Chocó, donde se espera que el gobierno centralizado en Bogotá se descentralice y despliegue funcionarios, recursos y políticas directamente en el territorio excluido», afirmó el mandatario.
Petro argumentó que la descentralización del Gobierno y la inversión directa en los territorios marginados son pilares fundamentales para construir una estrategia de seguridad integral y efectiva en Colombia. «Solo mediante este enfoque podremos establecer una política de seguridad político-militar sólida en el país», aseveró Petro, vinculando directamente la presencia del Estado con la capacidad de enfrentar la violencia y consolidar la paz.
La exigencia de Petro a su gabinete surge en un momento de creciente preocupación por la persistencia de la violencia en diversas regiones de Colombia, a pesar de los esfuerzos del Gobierno por implementar su política de «paz total». La falta de presencia estatal en los territorios marginados ha sido identificada como un obstáculo significativo para lograr la pacificación del país, ya que permite la operación impune de grupos armados ilegales y organizaciones criminales.
La orden presidencial plantea un desafío logístico y financiero considerable para el Gobierno nacional, que deberá movilizar recursos y personal para establecer una presencia efectiva en los territorios excluidos. La seguridad de los funcionarios públicos desplegados en estas zonas es una preocupación primordial, dada la presencia de grupos armados y la persistencia de la violencia.
La respuesta del gabinete ministerial a la directiva de Petro será un indicador clave de la efectividad de la política gubernamental en los territorios marginados. La ciudadanía y los observadores políticos seguirán de cerca las medidas adoptadas para descentralizar el Gobierno y fortalecer la presencia del Estado en las regiones más vulnerables de Colombia. El éxito de esta iniciativa podría tener un impacto trascendental en la consolidación de la paz y la seguridad en el país.
