La Procuraduría General de la Nación solicita al gerente de la Empresa de Renovación y Desarrollo Urbano de Bogotá (Renobo) suspender el Contrato de Colaboración Empresarial No. 430-2023 suscrito el 27 de diciembre de 2023 con la Constructora Las Galias SAS, luego de determinar que existen circunstancias que podrían poner en riesgo la ejecución del proyecto ‘Ciudadela Educativa y del Cuidado’.
En la comunicación, la Entidad revela que durante la inspección disciplinaria que adelantó el pasado 15 de enero de la presente anualidad recaudó elementos de juicio que advierten vacíos en la definición de temas claves para el exitoso y adecuado desarrollo del proyecto, así como falencias en la distribución de competencias y la aplicación del principio de coordinación entre entidades públicas que permita solucionar oportunamente posibles controversias, entre otras.
El ente de control señala que “Los negocios jurídicos de las entidades estatales deben estar diseñados, pensados y planeados acorde con la necesidad que se busca satisfacer y no puede haber lugar a la improvisación (…)”, pues es necesario evitar situaciones contrarias al ordenamiento jurídico en los procesos de selección que impacten la ejecución, valor o plazo.
Asegura que “la ligereza en la planeación de los negocios contractuales menoscaba el interés general”, razón por la cual antes de celebrar el negocio jurídico se exige a la entidad contratante prever, asegurar y/o solucionar circunstancias de cualquier orden, que tengan incidencia en la ejecución para evitar tropiezos y dilaciones que puedan poner en riesgo los recursos públicos.
La Procuradora Tercera Delegada para la Contratación Estatal afirma en su misiva que durante la visita a Renobo le llamaron la atención las condiciones suspensivas, resolutorias y el plazo extintivo.
Agrega que existen situaciones que son imperiosas de definir y precisar para precaver litigios y posibles demandas al Distrito que frenen el proyecto, como casualmente sucedió con el mismo contratista en el caso del proyecto de San Bernardo.
Finalmente, el Ministerio Público precisa que no se opone a las políticas de la administración distrital para la construcción y adecuación de obras de urbanismo, infraestructura, transporte público o proyectos de vivienda, sin embargo, como garante del interés general hace un llamado para que se evalúe si en las condiciones expuestas es oportuno y posible ejecutar el citado proyecto.
