El presidente cuestionó las advertencias del magistrado Alejandro Ramelli ante la Corte Penal Internacional y aseguró que el debate presupuestal no constituye una amenaza contra la independencia judicial.
El presidente de Colombia, Abelardo De La Espriella, respondió a las declaraciones y al oficio PRS-239-2026, fechado el pasado 18 de septiembre y presentado por Alejandro Ramelli, presidente de la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), ante la ciudadanía y la Fiscalía de la Corte Penal Internacional.
Ramelli había advertido sobre una posible afectación a la independencia y al funcionamiento de la JEP relacionada con iniciativas legislativas y presupuestales que actualmente se discuten en el Congreso.
Ante esta situación, De La Espriella manifestó que no comparte el contenido, alcance ni tono de la comunicación y aseguró que ninguna decisión de su Gobierno permite afirmar que Colombia esté incumpliendo sus compromisos internacionales.
El mandatario defendió además el debate sobre el Presupuesto General de la Nación y sostuvo que las decisiones relacionadas con la asignación de recursos hacen parte del funcionamiento institucional del país.
Diferencias por el presupuesto de la JEP
Uno de los principales puntos de la controversia está relacionado con los recursos solicitados por la JEP para 2027.
Según las cifras expuestas por el Gobierno, la jurisdicción solicitó 947.642 millones de pesos para el próximo año, mientras que el proyecto de presupuesto contempla 821.803 millones de pesos. Para 2026, la JEP opera con cerca de 744.659 millones de pesos, mientras que en 2025 recibió una asignación de 777.069 millones.
De La Espriella sostuvo que la diferencia entre lo solicitado y lo asignado no constituye una represalia contra la JEP y defendió la necesidad de administrar los recursos públicos de acuerdo con las condiciones fiscales del país.
“Eso no es asfixia ni venganza: es responsabilidad fiscal”, afirmó el mandatario.
El presidente también cuestionó el uso de los recursos que la jurisdicción ha recibido desde su creación y pidió explicaciones sobre su ejecución presupuestal, sus prioridades y los resultados obtenidos.
Gobierno plantea fortalecer la justicia ordinaria
En su pronunciamiento, De La Espriella señaló que la Rama Judicial ordinaria requiere mayores recursos debido a la congestión de procesos, las limitaciones de infraestructura y las dificultades tecnológicas que enfrentan jueces, fiscales, magistrados y empleados judiciales.
El mandatario sostuvo que una eventual reasignación de recursos hacia la justicia ordinaria no representa una interferencia en las funciones de la JEP, sino una decisión relacionada con las prioridades del gasto público.
La controversia enfrenta así dos posiciones institucionales: mientras la JEP ha advertido sobre los posibles efectos que las iniciativas presupuestales podrían tener sobre su independencia y capacidad de funcionamiento, el Gobierno sostiene que la discusión presupuestal corresponde a las competencias constitucionales del Ejecutivo y el Congreso.
El debate sobre el presupuesto de la JEP continuará en el Congreso, donde deberán definirse los recursos que tendrá la jurisdicción durante 2027.
Fuente: Oficina de Prensa Presidencia de Colombia
