El presidente Gustavo Petro ha reiterado su acatamiento a la decisión de la Sección Quinta del Consejo de Estado de suspender provisionalmente el Decreto 0639 de 2025, que convocaba a una Consulta Popular. Sin embargo, en una serie de publicaciones a través de su cuenta de X, el mandatario expresó su profunda disconformidad con la medida cautelar, anunciando la interposición de los recursos legales pertinentes para revertir lo que considera un «irrespeto» a sus facultades constitucionales y a los derechos del pueblo como elector.
La decisión del alto tribunal, que suspende los efectos del decreto mientras se analizan los alcances jurídicos de una demanda interpuesta por el senador Efraín Cepeda, ha generado una fuerte reacción por parte del Ejecutivo. El presidente Petro enfatizó que, si bien respeta la medida cautelar, no comparte en absoluto los fundamentos que la sustentan. «Acato esa decisión, pero no la comparto, dado que, repetitivamente al presidente se le quita su poder constitucional, y al pueblo en sus derechos convencionales como elector, y ahora, transitoriamente, como el mayor poder legítimo de la nación, en la sección quinta», manifestó el jefe de Estado, dejando clara su posición de profundo desacuerdo.
Argumentos Presidenciales: Defensa de la Soberanía Popular y Críticas al Proceso
En su extenso pronunciamiento, el presidente Petro detalló cómo la Sección Quinta del Consejo de Estado, según él, no consideró debidamente sus solicitudes. En primer lugar, el mandatario argumentó que la Corte Constitucional es el «Juez Natural para estudiar de manera exclusiva la constitucionalidad del Decreto 0639», sugiriendo que la competencia para dirimir este tipo de controversias recae en el máximo tribunal constitucional. Asimismo, solicitó que la decisión se tomara en Sala Plena del Consejo de Estado, dada la trascendencia del asunto al tratarse de una «convocatoria al soberano popular», y con el fin de unificar jurisprudencia en una materia tan sensible para la democracia.
Uno de los puntos más álgidos de la denuncia presidencial fue la acusación de que la Sección Quinta «decidió frenar el trámite con Medida Cautelar, sin discusión de los argumentos del presidente». Esta acción, según el mandatario, «vulnera mis derechos constitucionales surgidos del voto popular mayoritario», insinuando una posible afectación a la legitimidad de su mandato y a la voluntad popular expresada en las urnas. La falta de un debate profundo sobre sus argumentos es, para Petro, un flanco abierto en la decisión judicial.
Preeminencia de la Sustancia sobre la Forma y Desconocimiento de Argumentos
El presidente Petro también cuestionó la celeridad y la forma en que se tomó la decisión. Hizo hincapié en una supuesta contradicción respecto a la notificación, señalando que en otros casos de tutela se aducen razones distintas. «Dicen que no había sido notificado, contradictorio, en otros casos de tutela aducen lo contrario», enfatizó el mandatario, sugiriendo una inconsistencia en el procedimiento judicial. Según Petro, al suspender el decreto, se estaría «sacrificando lo sustancial» al privilegiar la forma, una posición que, a su juicio, contradice el espíritu de la Constitución, que establece que «lo sustancial domina la forma».
En un tono de reclamo, el presidente lamentó que la demanda interpuesta por el senador Efraín Cepeda, si bien en su «derecho», haya tenido «más peso que los argumentos» esgrimidos por la Presidencia de la República ante la Sección Quinta. Estos argumentos, según el mandatario, «ni siquiera han sido tenidos en cuenta», lo que, en su opinión, ha derivado en la suspensión de un decreto que «clama por la voz del soberano popular». Esta situación, en palabras del presidente Petro, «suspende la voz del soberano supremo de la nación: el pueblo», elevando la discusión a un plano de defensa de la participación ciudadana y la legitimidad democrática.
La determinación del presidente de interponer los recursos de ley refleja su firme intención de agotar todas las instancias jurídicas para defender la validez de la consulta popular y lo que considera su prerrogativa constitucional de convocarla. La polémica promete continuar en el ámbito judicial, con el Gobierno Nacional buscando revertir una decisión que, desde su perspectiva, silencia la voz del pueblo.
