En un anuncio reciente, la Presidencia informó que el Presupuesto de Defensa de Colombia ha experimentado un incremento acumulado del 5,5 % entre 2022 y 2025. En 2024, la asignación fue de $59,3 billones, mientras que para 2025 alcanzó los $60 billones, reflejando un esfuerzo sostenido para fortalecer las capacidades de seguridad del país.
Este aumento se da en un contexto marcado por desafíos crecientes, tanto a nivel interno —con amenazas como el ELN y disidencias de las Farc en regiones como el Catatumbo—, como externo. El presupuesto reafirma el compromiso del Gobierno y del Ministerio de Defensa encabezado por el general Pedro Arnulfo Sánchez, responsable desde febrero de 2025, de dotar a las Fuerzas Militares de recursos más sólidos.
Para dimensionarlo: en sólo un año, el presupuesto creció $700.000 millones, pasando de $59,3 billones en 2024 a $60 billones en 2025. Este aumento representa un porcentaje relevante del PIB nominal, superando el promedio del gasto de años anteriores que estaba alrededor del 3,6 % del PIB.
Más Allá de lo Militar, un Enfoque Social
Las autoridades destacan que estos fondos permitirán mejorar capacidades operativas, mantenimiento de equipos, capacitación de personal y apoyo logístico en zonas críticas. El general Sánchez ha enfatizado la necesidad de contar con fuerzas ágiles y bien equipadas, tanto para responder a las emergencias como para cumplir con la protección de la población.
El aumento del presupuesto también responde a compromisos internacionales y a la modernización de los sistemas de defensa, buscando mantener una proporcionalidad eficiente entre recursos disponibles y necesidades estratégicas. Aunque el alza presupuestal es vista con buenos ojos por quienes resaltan la importancia de la inversión en seguridad, algunos sectores llaman a evaluar cuidadosamente la eficiencia del gasto.
En ese sentido, se ha abierto un espacio de diálogo entre el Ministerio de Defensa y expertos civiles, para fortalecer la transparencia y asegurar que los recursos asignados se traduzcan en resultados concretos. La meta es evitar duplicidades, optimizar contratos y priorizar intervenciones territoriales con enfoque social y de comunidad. Con esta decisión, Colombia recalca que la apuesta por la defensa no es sólo militar, sino también social. El objetivo es proteger a los ciudadanos, desmantelar redes criminales y responder con firmeza a los desafíos del siglo XXI. Sin embargo, su éxito dependerá de la gestión pública y del equilibrio entre eficacia y control.
