Proceso de recuperación en Altos de la Estancia en Ciudad Bolívar busca salvaguardar la vida de familias asentadas en esta zona.
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Tras la ocupación ilegal del predio de Altos de la Estancia, el Distrito intervino con la participación de la Personería que ha servido de garante de los derechos de las personas que ocuparon estos terrenos.
- Las familias que han salido del sector han sido cobijadas con programas distritales de ayudas económicas, alimentarias, albergues y arriendos solidarios. Además, se ofreció apoyo logístico para quienes salieron del lugar de manera voluntaria.
- El terreno invadido es considerado como el de más alto riesgo de fenómenos de remoción de América Latina y afecta a 14 barrios de la localidad. Allí tampoco hay servicios públicos domiciliarios esenciales en esta crisis sanitaria donde el lavado de manos es fundamental para evitar el contagio del coronavirus.
- En un momento de gran vulnerabilidad, en medio de la pandemia, se reactivaron las mafias de los tierreros. Las investigaciones avanzan por parte de las autoridades.
Hoy se completan 13 días de operativos en el predio de Altos de la Estancia, de la localidad de Ciudad Bolívar, de 73 hectáreas para salvaguardar la vida de las familias que de manera irregular ocuparon terrenos en este sector que, además de ser espacio público, se cataloga de alto riesgo de deslizamiento y desprendimiento de roca.
La acción de las autoridades, en la que primó el diálogo, ha contado con la participación de la Personería de Bogotá, garante de los derechos de la comunidad, y de la Fiscalía, donde cursan procesos judiciales por estas ocupaciones ilegales.
De acuerdo con los expedientes se logró evidenciar la presencia de personas que de manera inescrupulosa estafaron a varios ciudadanos a quienes les vendían los terrenos con falsos documentos. Las denuncias ante las autoridades competentes señalan que las transacciones se hacían sobre montos cercanos a los dos millones de pesos.
«También se investigan testimonios de afectados que señalaron que fueron sacados de la zona por las mismas personas que les vendieron los lotes que eran delimitados con lonas. Las estructuras criminales que promovieron el asentamiento ilegal ubicaron tres expendios de drogas por lo que el sector tuvo brotes de inseguridad por esta actividad ilegal. La intervención oportuna de la Policía permitió el desmantelamiento de estas ollas» aseguró, Hugo Acero, secretario de Seguridad.
Por la misma situación de alto riesgo se han atendido en la zona 15 situaciones de emergencia. Además, entre 1997 y 2015 se han reubicado 3.955 familias, de acuerdo a los reportes del IDIGER. Estos hechos se han presentado en barrios como Santa Viviana, Mirador de la Estancia, La Carbonera, Espino, Cerros del diamante y Tres reyes, entre otros.
Estos terrenos tampoco cuentan con servicios públicos domiciliarios, lo que aumenta el riesgo en esta temporada en la que el lavado de manos es fundamental para evitar el contagio del coronavirus. En algunos puntos se identificó la conexión irregular del servicio de energía eléctrica, por lo que Enel realizó visitas y suspendió el servicio.
Bajo este panorama, se les ofreció a estas familias albergues y alimentación durante el tiempo de cuarentena. Dentro del paquete de soluciones entregadas se les brindó alternativas de vivienda a familias censadas y que no tienen opción de alojamiento, por tres meses, en el marco de la estrategia de arrendamiento solidario, mientras se da una solución definitiva del tema.
Social en la localidad, así como la entrega de bonos canjeables por alimentos a 46 familias por valor de 140.000 pesos cada uno.
38 niños y niñas serán incluidos, a partir de hoy, en los Centros Amar, espacios de atención para los menores en riesgo de vulneración de derechos, en los que se brinda cuidado calificado, acompañamiento pedagógico, apoyo alimentario y acompañamiento a las familias.
Algunos ocupantes han realizado de manera voluntaria el retiro de por lo menos 185 estructuras que no cuentan con normas urbanísticas y de sismo resistencia lo que las convierte en un riesgo latente para sus moradores. El desmonte se ha hecho garantizando la vida de la comunidad y cumpliendo los protocolos exigidos.
Este año, la Secretaría de Hábitat, encargada de hacer el monitoreo de control del suelo, detectó varios intentos de ocupación, los cuales fueron atendidos de manera oportuna y dentro de los lineamientos con la Alcaldía Local y la Policía Metropolitana.
La articulación de las entidades del Distrito también ha tenido el acompañamiento de funcionarios del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, de la Caja de Vivienda Popular, de Migración Colombia y de la Alta Consejería para los derechos de las víctimas, entre otras, con el fin de brindar soluciones reales a estas comunidades.
Una vez finalice esta intervención se procederá a la restauración del terreno con un tratamiento especial para garantizar la recuperación de sus ecosistemas nativos y generar conciencia entre los habitantes de la zona para promover la conservación.
Asimismo, para que el terreno destinado al parque no vuelva a invadirse, la Policía Metropolitana realizará constantes patrullajes y también se utilizarán los drones para la vigilancia y monitoreo en la zona. Los Gestores de Convivencia y la Policía Ambiental, por su parte, iniciarán labores con las comunidades aledañas para promover programas de arborización que cuenten con campañas de pedagogía sobre la importancia del cuidado y protección del medio ambiente.
El proyecto contempla que el lugar se convierta en un parque metropolitano para el disfrute de prácticas deportivas acordes al terreno y de actividades de sano esparcimiento para las familias de ese sector de la ciudad
