En varios sectores de Suba, al norte de Bogotá, crece la preocupación entre propietarios de viviendas que aseguran estar siendo víctimas de una modalidad de ocupación ilegal. Según los afectados, ciudadanos venezolanos estarían utilizando contratos de arriendo como fachada para luego tomar posesión de los inmuebles y transformarlos en pagadiarios, una práctica que ha dejado pérdidas económicas y un ambiente de inseguridad.
Los barrios más golpeados por esta situación son La Toscana, Villa Gloria, Villamaría, Rincón de Suba y Lisboa. Allí, los propietarios cuentan que reciben propuestas de arriendo por parte de personas extranjeras que muestran solvencia inicial. Sin embargo, luego de cumplir con uno o dos pagos, dejan de pagar y, sin previo aviso, se adueñan de la vivienda. Lo más preocupante es que rápidamente la convierten en una especie de pensión informal.
Los vecinos aseguran que estas casas, muchas de ellas de tres o cuatro pisos, son adaptadas para alquilar habitaciones a diario, cobrando entre 50.000 y 60.000 pesos por noche. Esta transformación ilegal de los espacios genera un flujo constante de personas desconocidas, ruido, desorden y sensación de inseguridad en sectores que hasta hace poco eran tranquilos.
“Es increíble lo que estamos viviendo. Uno cree que está haciendo un negocio legal y termina siendo víctima de una estafa que parece bien montada”, contó una mujer cuya propiedad en Villa Gloria lleva meses en manos de estos arrendatarios. “Lo más duro es que nadie parece poder ayudarnos”, añadió con impotencia.
Muchos propietarios ya han interpuesto denuncias formales ante la Policía y la Fiscalía, pero afirman que los procesos son lentos y que, mientras tanto, los inmuebles siguen siendo usados con fines ilegales. Algunos incluso han tenido que abandonar sus intentos de recuperación por miedo a represalias o ante la falta de resultados concretos por parte de las autoridades.
La comunidad pide acciones urgentes. Exigen a la Alcaldía local, a la Secretaría de Seguridad y a Migración Colombia investigar este fenómeno y frenar lo que consideran una red bien organizada de extorsión inmobiliaria. También solicitan mecanismos legales más eficaces para que los propietarios puedan proteger sus viviendas y se recupere la seguridad en los barrios afectados. La situación ha encendido las alarmas y podría extenderse si no se actúa a tiempo.
