La concejal de la Alianza Verde, Andrea Padilla Villarraga, radicó un proyecto de acuerdo para prohibir la crianza de gallos y su uso para peleas, con el fin de contribuir a subsanar el déficit normativo de protección animal y de eliminar las prácticas especialmente crueles con los animales en Bogotá, tal como lo ha ordenado la Corte Constitucional.
“De acuerdo con Coljuegos, no existe actualmente ninguna gallera legal en el Distrito Capital. Esto quiere decir que las riñas de gallos que se realizan en Bogotá son ilegales o se desarrollan en la clandestinidad, no generan ningún tipo de recaudo para el Distrito y no se pueden considerar como una actividad económica formal. Tampoco existen cifras sobre cuántas personas realizan peleas de gallos o los crían para este fin”, aseguró la cabildante, quien reiteró que prohibir las peleas de gallos no tendrá ningún impacto sobre la economía de la ciudad. En cambio, sin contribuirá a la convivencia.
Cabe aclarar que las peleas de gallos están regladas por el Acuerdo 009 de 2005 del Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar. Esto implica que, para operar legítimamente, las galleras deben pagar los derechos de explotación que allí se mencionan, así como los impuestos y demás tributos aplicables a la actividad. Sin embargo, como ninguna de las galleras que operan en Bogotá cumplen con estas condiciones, no son acreedores de protección legal.
Según la concejal, las peleas de gallos además de ser una práctica extremada e innecesariamente crueles, también están asociadas a otras actividades delictivas y a conflictos de convivencia. “No existe ninguna gallera legal en el país, por lo que las apuestas que allí tienen lugar contravienen el ordenamiento jurídico y se desarrollan en un ambiente de ilegalidad. Además, es común que en medio de la pelea se produzcan riñas y conflictos entre los asistentes”, preciso la cabildante.
Finalmente cabe precisar que la Corte Constitucional, en su sentencia C-666 de 2010 dejó abierta la posibilidad de que las autoridades administrativas municipales prohíban estas prácticas crueles, al establecer que estas “pueden determinar si permiten o no el desarrollo de las mismas en el territorio en el cual ejerzan su jurisdicción”.
Noticia patrocinada por:
