Nuevas revelaciones salen a la luz sobre el joven de 14 años que habría disparado al senador Miguel Uribe Turbay. El Instituto Distrital para la Protección de la Niñez y la Juventud (Idipron) confirmó que ya había tenido contacto con el menor hacia finales de mayo. En ese momento, fue ubicado en el centro de Bogotá en situación de riesgo y se le ofreció ingresar a los programas sociales del Distrito, pero él rechazó la ayuda.
El caso ha despertado gran preocupación, no solo por el atentado contra una figura política, sino también por las condiciones en las que vivía el menor. Según Idipron, el joven se encontraba en riesgo de habitabilidad de calle, y pese a los intentos de intervención, no aceptó ser acogido por las rutas de protección ofrecidas. Su situación ya había sido registrada como prioritaria por los equipos sociales.
A través de su cuenta oficial en X, el presidente Gustavo Petro también se pronunció sobre el caso. Señaló que el joven fue transferido del programa del distrito al proyecto nacional “Jóvenes en Paz”, orientado a transformar las condiciones de vida de jóvenes en entornos vulnerables. Sin embargo, allí también presentó una actitud conflictiva y no logró establecer vínculos ni cumplir con las actividades propuestas.
“El gobierno distrital ya había identificado la conflictividad del niño asesino”, escribió Petro. Añadió que, según los informes de los profesionales que lo atendieron, el joven no asistió a clases, no mostró disposición para trabajar en equipo y se retiró voluntariamente del programa tras dos meses. Esta información plantea interrogantes sobre la capacidad del Estado para intervenir a tiempo en casos de alto riesgo social.
Tras los hechos del sábado 7 de junio, en los que el joven disparó al senador Miguel Uribe Turbay, fue herido en una pierna durante su aprehensión. Fue trasladado de urgencia a un centro médico, donde permanece internado. La gravedad del incidente ha llevado a las autoridades a manejar el proceso con extremo cuidado, dada la condición del presunto agresor.
Debido a las complicaciones médicas del joven, las audiencias judiciales se han llevado a cabo dentro del hospital, de forma reservada. En la madrugada del domingo, un juez, acompañado por funcionarios del ICBF y la Policía Judicial, realizó la audiencia de legalización de captura dentro del centro médico. El proceso avanza mientras el país se enfrenta al profundo reto de prevenir que más menores terminen inmersos en la violencia.
