La concejal de Bogotá, Diana Diago, advirtió sobre un presunto carrusel de contratación en los programas de protección y bienestar animal ejecutados por distintas alcaldías locales, tras identificar posibles irregularidades en varios procesos contractuales que, según indicó, podrían afectar la transparencia y la libre competencia.
De acuerdo con la denuncia, el análisis de los contratos adjudicados entre 2025 y 2026 evidencia la presencia recurrente de la empresa IMPECOS S.A.S., la cual habría obtenido contratos en localidades como Suba, Usme, Santa Fe, Ciudad Bolívar y La Candelaria, acumulando más de $5.035 millones en recursos públicos destinados a la atención y protección de animales.
La concejal señaló que auditorías realizadas por la Secretaría Distrital de Gobierno ya habían alertado sobre posibles inconsistencias en procesos donde participaron IMPECOS S.A.S. y la Fundación ECODES.
Según estos informes, ambas organizaciones habrían recurrido a los mismos centros médicos veterinarios para sustentar experiencia y capacidad operativa en diferentes convocatorias, alternando su rol como supuestos competidores. Además, se evidenció que las dos entidades consignaban el mismo número telefónico en las pólizas de seriedad de oferta, a pesar de presentarse como proponentes independientes.
“Las coincidencias no son hechos aislados. Estamos frente a organizaciones que participan en múltiples procesos como competidoras, pero comparten información y elementos que deberían ser totalmente independientes”, afirmó Diago.
Contratos repetidos en distintas localidades
Uno de los casos mencionados ocurre en la localidad de Bosa, donde el Consorcio Bosa PYBA 2025, integrado por IMPECOS S.A.S., se quedó con un contrato superior a $2.040 millones, mientras la Fundación ECODES participó como oferente.
En Puente Aranda también se presentó una situación similar, donde las autoridades adjudicaron un contrato por más de $563 millones a un consorcio en el que participó la Fundación ECODES, que volvió a competir con IMPECOS S.A.S.
Para la concejal, estos patrones repetidos podrían sugerir posibles acuerdos entre proponentes para distribuirse la contratación pública relacionada con programas de protección animal en la ciudad.
Diago pidió a la Secretaría Distrital de Gobierno, la Personería de Bogotá y la Contraloría Distrital revisar los hallazgos de las auditorías y establecer si existieron posibles irregularidades que afecten los principios de transparencia, pluralidad de oferentes y selección objetiva.
“La protección animal debe manejarse con total transparencia. Estos recursos no pueden convertirse en un negocio para unos pocos”, concluyó la concejal.
