Mary Luz Romero Buitrago, docente de planta con 12 años de servicio en el área de ciencias naturales y educación ambiental, hoy día docente de el Colegio Prado Veraniego IED de Suba, se ve obligada a hacer una denuncia pública debido a la posible vulneración de derechos y diversas problemáticas en la institución educativa.
A pesar de sus intentos por buscar ayuda en varias instancias, ha sido injustamente afectada y sigue sin respuestas definitivas después de más de un año.
La denuncia expone presunta negligencia por parte de diferentes entidades frente a situaciones como acoso laboral, traslado injustificado, y posibles irregularidades financieras.
Aunque la docente presentó derechos de petición a órganos de gobierno escolar, Dirección Local de Educación de Suba (DILE), Personería y al Sr. Rector, no obtuvo respuestas satisfactorias.
Incluso, al recurrir a la Contraloría Distrital por presuntas irregularidades, su identidad no fue resguardada como solicitó.
La situación se agrava con la citación para un traslado obligatorio por convivencia, tramitado bajo conflicto de intereses y con presuntas vulneraciones de derechos, avalado por la DILE y la Secretaría de Educación del Distrito (SED).
Además, se ha denunciado el presunto acoso laboral por parte del Sr. Rector y Coordinador, y la docente ha presentado una tutela que aún no ha tenido una resolución favorable.
La falta de respuestas y la aparente falta de acción de entidades como la Procuraduría, el Concejo de Bogotá, y la misma SED, refuerzan la necesidad de visibilizar estas problemáticas.
A pesar de la reciente circular 44 del Ministerio de Educación que sugiere regulaciones para evitar arbitrariedades en traslados de docentes, la falta de difusión y aplicación efectiva de estas normativas deja a muchos profesionales desprotegidos.
La docente, junto con sus compañeros, enfrenta también problemas de salud derivados de la presunta persecución laboral, demostrando las graves consecuencias de esta situación.
La denunciante hace un llamado urgente a las autoridades y a la opinión pública para que se investiguen estas irregularidades, se resuelvan sus derechos y se reformen las leyes y normativas que rigen la educación en Colombia.
Redacicion: Andrés López
