Este viernes 29 de octubre sigue la audiencia contra cinco jóvenes detenidos y señalados de ser parte de las Primeras Líneas y presuntamente haber participado en varios hechos delictivos en medio de las pasadas manifestaciones en el paro nacional, en la localidad de Suba.
El pasado jueves 28 de octubre se legalizó la captura y, ahora, se espera la imputación de cargos y una posible medida de aseguramiento a varios jóvenes que participaron en las protestas en Suba.
Lo jóvenes detenidos son identificados como Jonathan Estiven Cortés, Karina Cepeda, Julián Andrés Moreno, Andrés Felipe Rodríguez y Maura Valentina Díaz. Las autoridades los sindican de concierto para delinquir, terrorismo, daño en bien ajeno, perturbación del transporte público, lanzamiento de objetos peligrosos y homicidio en grado de tentativa.
El Sistema Masivo TransMilenio figura en el proceso como víctima, ya que uno de los cargos que deberán enfrentar estos jóvenes es el ataque a buses de transporte público. Hay que recordar que Suba ha sido una de las localidades más afectadas por los actos vandálicos y por la afectación del mobiliario público. Allí hubo fuertes enfrentamientos entre el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) y los miembros de este grupo.
De hecho, para este jueves estaban programados plantones en inmediaciones del portal de TransMilenio como conmemoración por los seis meses del paro nacional, y también en rechazo a las capturas de estos jóvenes. La Flip se pronunció con respecto a la captura de dos jóvenes que son periodistas populares.
Jonathan se identifica como integrante de un equipo periodístico de prensa alternativa, y su identidad siempre ha sido pública. Sin embargo, la Sijín lo capturó por delitos que van desde terrorismo y concierto para delinquir hasta homicidio.
Según informaron organizaciones sociales y grupos que se identifican como defensores de los derechos humanos, fueron en total seis las capturas. Todos los jóvenes estuvieron en proceso de judicialización en la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Puente Aranda; y en las últimas horas, un juez legalizó su captura.
Por su parte, el Comité Local de Derechos Humanos de Suba (CLDHS) denunció ante organizaciones internacionales, entidades nacionales y defensores sobre estas capturas.
