Con el Decreto 133 de 2018 el Gobierno Nacional establece que el monto de los subsidios para compra de vivienda que otorgan las cajas de compensación familiar (CCF), deben igualar a los ofrecidos por el Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio. De esta forma, los hogares integrados por una o más personas que ganan entre 0 y 2 salarios mínimos tendrán, como máximo, un subsidio de 30 smmlv ($23.437.260); si ganan entre 2 hasta 4 smmlv, recibirán un subsidio de hasta 20 salarios mínimos ($15.624.840).
Aumenta el monto del subsidio de vivienda
Además, el Gobierno Nacional ratifica que las personas que viven solas tienen derecho a acceder al subsidio para compra de vivienda. Anteriormente este beneficio, cuando era otorgado por una caja de compensación familiar, solo cobijaba a los hogares cuyo núcleo familiar estaba integrado por dos o más personas.
Este decreto también permite que las personas que hayan recibido un subsidio de vivienda por parte de una CCF, pero que no hubiesen utilizado ni renunciado a este, puedan quedar habilitadas para obtener el auxilio para compra de vivienda que otorga el Ministerio de Vivienda a través de programas como Mi Casa Ya. Adicionalmente, los interesados en comprar casa se beneficiarán de una mayor oferta de subsidios, ya que el Decreto 133 permite que las CCF otorguen el auxilio económico a hogares que estén afiliados a otras cajas de compensación.
Estas disposiciones también favorecen a las cajas de compensación, que ahora podrán ejercer la evaluación de la elegibilidad de los proyectos que son viables para otorgar subsidios de vivienda. En estas condiciones, la valoración la debe hacer una CCF diferente a la que otorgará el auxilio económico. Igualmente, las cajas de compensación quedan habilitadas para tener una mayor participación en la dinámica inmobiliaria, ya que pueden adquirir derechos fiduciarios para desarrollar proyectos de vivienda de interés social.
Otra disposición del decreto permite que los créditos para compra de vivienda otorgados por las Cajas pueden tener un plazo de hasta 30 años, facilitando el acceso a crédito a hogares de menores recursos.
