La proposición busca que se instale, en el término de un mes desde la expedición del Acuerdo, una mesa de revisión a los contratos vigentes del Sistema Transmilenio, en especial de las formulas remuneración pactadas con los operadores privados. La mesa, que estará liderada por Transmilenio, contará con el acompañamiento de la Secretaría de Movilidad y Hacienda y los organismos de control, y buscará a través de la renegociación hacer más justos estos contratos para la ciudad y así contribuir a mitigar la difícil situación fiscal por la que atraviesa Bogotá y mejorar las condiciones del servicio.
Transmilenio también deberá publicar un informe que brinde toda la información sobre los costos del sistema, incluidos los de inversión y operación, de todos los concesionarios del Sistema y de las distintas fases. “Identificar los costos reales de la operación le va a permitir al Distrito tener herramientas para evitar abusos de los operadores privados y así salvaguardar las finanzas de todos los bogotanos y bogotanas”, señaló Sarmiento.
Por último, la proposición obliga a Transmilenio a realizar un informe que defina la viabilidad jurídica de hacer uso de las cláusulas de modificación unilateral de los contratos en caso de que no se puede llegar a un acuerdo con los operadores del sistema.
Durante su intervención, el concejal del Partido Dignidad calificó de inaceptable el hecho de que durante la pandemia los operadores privados quedaran blindados frente a la gravísima crisis sanitaria y le reprochó a la alcaldesa Claudia López no haber adelantado las gestiones necesarias para revisar en favor de la ciudad dichos contratos: “Los grandes operadores privados obtuvieron ganancias escandalosas en medio de la pandemia, en 2020 fueron de hasta el 36% sobre el patrimonio. Estas ganancias se suman a las acumuladas durante 20 años de un modelo privatizado que en 2015 fue prorrogado por Gustavo Petro y que años después Peñalosa mejoró”
La aprobación de esta proposición en Plenaría le establecería a la administración de Claudia López el deber de modificar las leoninas condiciones a partir de las cuales se estructuró el sistema de transporte de la ciudad, y se sumaría a la creación del Operador Público de Transmilenio.
