La Unidad de Restitución de Tierras (URT), bajo la dirección del mayor indígena Giovani Yule, ha logrado un avance sin precedentes en la devolución de tierras a pueblos ancestrales. En lo que va del actual gobierno, se han emitido 22 sentencias que ordenan restituir 194.025 hectáreas a comunidades indígenas, afrocolombianas, raizales y palenqueras. Esta cifra contrasta notablemente con el cuatrienio anterior, donde se registraron 155.045 hectáreas en tan solo once decisiones judiciales.
Este logro representa más que una estadística. Se trata de una reparación histórica para comunidades que han sido despojadas o desplazadas a causa del conflicto armado en Colombia. La apuesta del Gobierno del Cambio por la justicia étnica se refleja también en el hecho de que estas 22 sentencias representan el 47 % del total de providencias étnicas emitidas desde la creación de la Ley 1448 en 2011 y sus decretos reglamentarios.
A lo largo de 14 años, solo se han dictado 46 sentencias de restitución étnica en todo el país. Que casi la mitad de estas se hayan producido en el actual gobierno evidencia un compromiso político y operativo claro con los derechos de los pueblos originarios. Así lo reconocen distintas organizaciones étnicas que han sido beneficiarias directas del proceso.
La restitución de tierras se consolida con proyectos productivos y acompañamiento en Colombia
Enelia Salinas Chivatá, directora de Asuntos Étnicos de la URT, subrayó que no se trata solo de entregar tierra en papel, sino de garantizar su uso y aprovechamiento sostenible. Para ello, el equipo post fallo de la entidad ha estado viajando por todo el país, acompañando a las comunidades, explicando el alcance de las sentencias y diseñando con ellas planes de trabajo para cumplirlas efectivamente.
“Estamos ayudando a financiar proyectos productivos que fortalecen la economía local y promueven la seguridad alimentaria en los territorios restituidos”, explicó Salinas. Según dijo, este tipo de acciones permiten que las comunidades no solo regresen a sus tierras, sino que puedan vivir con dignidad y autonomía en ellas.
Uno de los pilares del trabajo de la URT ha sido el cumplimiento real y oportuno de las órdenes de jueces y magistrados. Para ello, el grupo post fallo ha intensificado su presencia territorial, buscando articular esfuerzos con otras entidades del Estado para responder de forma integral a las comunidades.
Este proceso también ha generado espacios de diálogo intercultural, donde se reconoce el valor de las formas tradicionales de organización, producción y vida comunitaria. Devolver la tierra a quienes la han habitado ancestralmente no es solo una reparación legal, sino un acto de justicia que fortalece el tejido social del país.
Con estos avances, la URT reafirma su compromiso con la paz y la reparación histórica de los pueblos étnicos. Recorremos un camino largo, y estos pasos firmes demuestran que podemos construir un país más equitativo desde los territorios y con las voces de quienes hemos marginado históricamente.
