Un total de 43.483 personas nacidas en Venezuela residen hoy de forma irregular en Bogotá, de acuerdo con el Registro Administrativo de Migrantes Venezolanos en Colombia (RAMV).
Esta cifra representa que el 9,8 por ciento de los venezolanos que se encuentra en territorio colombiano no tiene definida su situación jurídica.
Según información obtenida por Migración Colombia, de los 376.572 venezolanos cuya condición es regular, hay 74.403 que cuentan con permisos especiales de permanencia (PEP) para trabajar en la capital del país.
Esto indica que, en total, el número de migrantes de esta nacionalidad que actualmente se encuentran en Bogotá asciende a 117.886.
El secretario de Gobierno, Miguel Uribe Turbay, manifestó que desde el Distrito se ha planteado al Gobierno Nacional la necesidad de regularizar a todos los venezolanos.
“Esta regularización permite no solamente que trabajen de una manera formal sino que sean atendidos socialmente y poder mitigar toda la complejidad de esta situación», señaló.
Tras recolectar información, entre el 6 de abril y el 8 de junio de este año, en 59 puntos de registro, incluyendo personerías locales y la sede del Instituto Distrital de Gestión de Riesgos y Cambio Climático (Idiger), se pudo determinar que el grueso de venezolanos cuya situación no está resuelta se encuentra en las localidades de Santa Fe (4.569 personas), Kennedy (4.036), Suba (3.873), Fontibón (2.872) y Engativá (2.871).
Sin embargo, más de 7.600 personas no reportaron lugar de residencia por lo que el número de migrantes por sector podría variar.
¿Qué está haciendo el distrito?
Felipe Muñoz, gerente de Frontera con Venezuela, celebró el trabajo que se viene desarrollando desde la capital para atender a los migrantes venezolanos.
«Quiero destacar el ejercicio de liderazgo de la Alcaldía de Bogotá en establecer rutas de atención para esta población. Seguiremos trabajando juntos en este proceso”, señaló.
Si bien han sido acogidos en las 20 localidades de Bogotá, incluyendo la zona rural, algunas de ellas tienen un porcentaje bajo de migrantes en relación con las de mayor presencia. Estas son Sumapaz (257 personas), Antonio Nariño (369) y Puente Aranda (447).
No obstante, la capital de la República continúa siendo una de las grandes receptoras de venezolanos que continúan llegando a la ciudad de manera irregular.
Según el RAMV, mientras que en Norte de Santander (departamento con más ciudadanos del país vecino) se encuentran 49.237 familias compuestas por 82.286 personas, y en Guajira 39.291 familias integradas por 74.874 personas, en Bogotá, el número alcanza las 28.840 familias, integradas por 43.483 personas nacidas en Venezuela.
A través de la Secretaría de Integración Social, la Administración Peñalosa articula la atención en salud y educación, mediante tres procesos, así:
- Ruta de atención inmediata: Se viene prestando el servicio de salud por urgencias, especialmente para madres gestantes, niños/niñas menores de un año y en casos de salud pública que requieran atención inmediata. Asimismo, se abrieron cupos adicionales en colegios y jardines infantiles del Distrito para suplir las necesidades de los menores en materia de educación.
- Ruta de atención para mujeres. Se habilitó una ruta para atender a las mujeres en ejercicio de prostitución y víctimas de violencia, por parte de las secretarías de la Mujer y de Salud.
- Atención en empleo: Se han adelantado gestiones para incluir a venezolanos que cuentan con Permiso Especial de Permanencia (PEP) en ferias de empleo y otras herramientas de gestión laboral. Este trabajo lo viene adelantando la Secretaría Distrital de Desarrollo Económico.
Asimismo, gracias a la labor de la Secretaría de Gobierno y las organizaciones religiosas y congregaciones de fe, se promueve la implementación de medidas humanitarias como el alojamiento transitorio.
A la fecha se han consolidado tres mesas técnicas con su apoyo. Una de ellas es la de diagnóstico y caracterización, que es responsable de encontrar información sobre las familias atendidas desde las iglesias.
La segunda es la mesa de incidencia y defensa judicial, mediante la cual se hace un diagnóstico del fenómeno y se revisa la jurisprudencia sobre salud, educación, banca, Sena, registro de nacidos vivos en Colombia, trabajo, beneficios laborables y convalidación de títulos.
Finalmente, la tercera mesa de productividad permite aportar en la generación de ingresos en Venezuela, con el apoyo de las iglesias y organizaciones vinculadas.
También se trabaja en un plan de contingencia que permita actuar frente a posibles casos de trata de personas en el que estén involucradas personas venezolanas, con el ánimo de adelantar acciones preventivas, de atención y judicialización.