La Procuraduría abrió investigación disciplinaria contra el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, tras sus declaraciones en actos oficiales en las que hizo referencias al proceso electoral, lo que genera debate sobre una posible participación en política por parte de funcionarios públicos.
El proceso se originó luego de un evento del Ministerio de Salud en el que el ministro expresó: “Hasta el perro y el gato tiene que salir a votar”, frase que algunos sectores cuestionaron. Dos días después, la cartera lo defendió y aseguró que el mensaje solo buscaba promover la participación ciudadana, sin respaldar candidatos ni partidos.
En otra intervención pública, Jaramillo volvió a referirse a las elecciones al afirmar: “Por eso aquí está, si queremos Equipos Básicos hacia el futuro, aquí está, votando el 31 de mayo”, mientras mostró su cédula durante el evento.
¿Infracción a las normas?
La Procuraduría evaluará si estas manifestaciones constituyen o no una infracción a las normas que prohíben la participación política de servidores públicos.
El caso ocurre en un contexto de creciente tensión política, donde también señalan a otros funcionarios del Gobierno por pronunciamientos relacionados con la campaña presidencial. Entre ellos, el ministro del Interior, Armando Benedetti, quien cuestionó la estrategia del candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda, en la región Caribe, lo que evidencia diferencias dentro del oficialismo.
Benedetti también mencionó que otros sectores políticos han logrado mayor impacto en esa zona del país con estrategias como “costeño vota costeño”, en la disputa por una región clave que aporta cerca del 13 % del electorado nacional.
A esto se suman otras actuaciones recientes de organismos de control, como la suspensión de la embajadora en Haití, Vilma Velásquez, por expresiones similares, y varias investigaciones abiertas contra funcionarios por presunta participación en política.
Según el procurador general, Gregorio Eljach, actualmente adelantan múltiples procesos contra servidores públicos por este tipo de conductas, algunos ya en etapa de formulación de cargos.
Mientras tanto, la Procuraduría insiste en que cada caso se evalúa de acuerdo con la normativa vigente, mientras el Gobierno sostiene que las declaraciones cuestionadas no constituyen participación política indebida.
