En dos operativos de control la administración del alcalde Enrique Peñalosa, a través de la Secretaría Distrital de Ambiente, logró la incautación de 4 canarios costeños y 3 tortugas morrocoy que estaban siendo víctimas del tráfico ilegal de fauna silvestre.
El primer caso se presentó en la calle 170 # 7 – 65 en la localidad de Usaquén, al norte de la capital. Allí, gracias a la denuncia de la comunidad, las autoridades lograron incautar cuatro canarios costeños (Sicalis flaveola) que eran tenidos ilegalmente por un vigilante del sector. Las aves estaban al interior de una jaula la cual permanecía a la intemperie colgada de un poste.
El segundo caso, se presentó en la Terminal de Transportes del Salitre, en el occidente de la capital, donde las autoridades lograron identificar a una ciudadana extranjera quien tenía en su poder tres tortugas morrocoy (Chelonoidis carbonaria) camufladas en una caja de cartón sin los respectivos permisos que validaran su legalidad y movilización.
Esta persona fue capturada por la policía y puesta a disposición de las autoridades judiciales. Según la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, la tortuga morrocoy se encuentra amenazada y catalogada como especie “en peligro”.
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Los animales recibieron una valoración preliminar por parte de un equipo de profesionales de la Secretaría de Ambiente y posteriormente fueron trasladados al Centro de Atención y Rehabilitación de Fauna Silvestre, donde técnicos del Instituto de Protección y Bienestar Animal le realizarán los respectivos procesos de recuperación para poder regresarlos a su hábitat natural.
“Seguiremos trabajando de la mano con la Policía Ambiental para evitar que más animales silvestres sigan siendo víctimas del tráfico de fauna. Extraer estas especies causa un desequilibrio en la fauna nativa. Intensificaremos los operativos de control en toda la ciudad en defensa de la biodiversidad de nuestro país”. Aseguró el Secretario de Ambiente Francisco Cruz.
La extracción, tenencia y comercialización de especies silvestres es un delito ambiental que puede acarrear multas de hasta 3.600 millones de pesos según lo establecido en la Ley 1333 de 2009. De igual manera, el Código Penal contempla penas privativas de la libertad de hasta 108 meses de prisión por esta conducta.
La Secretaría Distrital de Ambiente reitera el llamado a la ciudadanía para que informe cualquier situación que ponga en riesgo a la fauna silvestre a través de los teléfonos 3778800 – 3778854 o al correofauna@ambientebogota.gov.co
