El cantante vallenato Nelson Velásquez se encuentra en el centro de la polémica tras su presentación en la cárcel de Itagüí, en Medellín, hecho que ya es materia de investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación.
La controversia se originó luego de que circularan en redes sociales videos de una parranda vallenata realizada en el pabellón 1 del centro penitenciario, donde se observa al artista cantando en tarima ante varios reclusos. En las imágenes también se evidencia consumo de licor y un ambiente festivo, lo que ha generado cuestionamientos sobre posibles irregularidades dentro del penal.
Según las primeras informaciones, el evento habría contado con la presunta complicidad de algunos funcionarios del INPEC, permitiendo una celebración que iría en contra de los reglamentos carcelarios.
Los hechos ocurrieron el pasado 8 de marzo y, tras la difusión del material, la Fiscalía abrió una investigación para esclarecer las circunstancias en las que se desarrolló el evento. Asimismo, se compulsaron copias para que el cantante sea investigado por el presunto delito de enriquecimiento ilícito, mientras avanzan inspecciones internas para establecer responsabilidades dentro de la cárcel.
Se conoció además que en la parranda habrían participado presuntos cabecillas de organizaciones criminales del Valle de Aburrá, lo que agrava la situación. Como medida disciplinaria, algunos de los involucrados podrían ser trasladados a centros penitenciarios en Bogotá.
Tras el escándalo, Nelson Velásquez se pronunció a través de un comunicado en sus redes sociales, en el que aseguró que desconocía cualquier irregularidad.
“La información que me fue suministrada indicaba que se trataba de un evento de carácter cultural, autorizado. Actué en todo momento de buena fe, confiando en la legalidad de las condiciones”, señaló el artista.
El intérprete agregó que no tuvo participación en hechos distintos a su ejercicio profesional y que cumplió con un compromiso artístico previamente adquirido.
Las autoridades avanzan en la recolección de pruebas para determinar cómo se organizó el evento, quiénes lo autorizaron y si existieron responsabilidades tanto de funcionarios como de particulares en este caso que ha generado amplio rechazo en la opinión pública.
