Líderes de la Mesa Local de Víctimas denuncian ser objeto de constantes amenazas y señalan la falta de respuesta por parte de las entidades responsables de garantizar su seguridad y bienestar. El panorama es desolador: panfletos con nombres propios, ataques a la propiedad privada y un preocupante silencio por parte de las autoridades que parece ignorar el clamor de quienes solo buscan justicia y dignidad.
Karen González, presidenta de la Mesa Local de Víctimas de Suba, alza su voz para denunciar la difícil situación que atraviesan los líderes sociales y las víctimas del conflicto armado en la localidad. “En la localidad están llegando panfletos amenazantes por parte de organizaciones delictivas y los están enviando con nombres propios, esta situación es muy preocupante”, afirma González, haciendo un llamado urgente a las autoridades distritales para que tomen cartas en el asunto y garanticen la seguridad de quienes representan a esta población vulnerable.
La situación es crítica. Los líderes de víctimas denuncian que, a pesar de haber realizado numerosas denuncias ante la Fiscalía y otros entes de control, sus llamados han sido ignorados. “Llevamos desde noviembre del año pasado haciendo sin números de denuncias ante la Fiscalía, pero han terminado siendo archivados”, señala González, evidenciando la falta de voluntad para investigar y judicializar a los responsables de estos actos intimidatorios.
La Unidad Nacional de Protección (UNP), encargada de brindar seguridad a personas en situación de riesgo, también se encuentra en el ojo del huracán. “La Unidad de Protección, se está demorando más de 7 meses para otorgar una medida de protección a un delegado, básicamente lo que esperan es a que muera uno de los delegados de la mesa”, denuncia la líder de víctimas, dejando en evidencia la lentitud y la ineficiencia de esta entidad para responder a las necesidades de protección de esta población.
La situación de inseguridad que se vive en Suba no es un hecho aislado. La localidad, que acoge a un alto porcentaje de víctimas del conflicto armado provenientes de diferentes regiones del país, se ha convertido en un territorio donde los grupos armados ilegales operan con impunidad, amenazando a líderes y comunidades que buscan salir adelante.
La Mesa Local de Víctimas de Suba, conformada por 18 delegados, trabaja arduamente para visibilizar la situación de vulnerabilidad de esta población y exigir el cumplimiento de sus derechos. Sin embargo, sus esfuerzos se ven frustrados por la indiferencia y la falta de garantías para desarrollar su labor.
Ante este panorama, la comunidad de Suba hace un llamado a la solidaridad y a la acción. Exigen a las autoridades competentes que se implementen medidas efectivas para garantizar la seguridad de los líderes sociales y las víctimas del conflicto armado en la localidad. No es posible construir una paz duradera en medio de la violencia y la intimidación.
