Tras la decisión del Consejo de Estado de suspender el decreto que fijaba el salario mínimo para 2026 y ordenar la expedición de uno nuevo en un plazo de ocho días, los candidatos Pedro Jair Sánchez Téllez, del Frente Amplio, y Jairo Calderón, candidato a la Cámara de Representantes por Bogotá por Nuestra Fuerza 104, manifestaron su rechazo a la medida y pidieron transparencia sobre la decisión judicial.
Ambos dirigentes políticos expresaron su preocupación por las consecuencias económicas y sociales que podría generar la suspensión del incremento salarial, al considerar que introduce incertidumbre para trabajadores, empleadores y la economía en general.
Pedro Jair Sánchez Téllez señaló que el país necesita seguridad jurídica en materia laboral y cuestionó que se frene una medida que impacta directamente el ingreso de millones de colombianos. Por su parte, Jairo Calderón manifestó que la decisión resulta especialmente preocupante para la clase trabajadora, ya que podría afectar el poder adquisitivo de las familias y generar inestabilidad en los ingresos de quienes dependen del salario mínimo.
El candidato de Nuestra Fuerza 104 también sostuvo que, desde su punto de vista, no es cierto que un aumento salarial afecte negativamente la economía. Aseguró que los empresarios no pueden pretender crecer manteniendo en la precariedad a sus trabajadores y afirmó que un salario justo aumenta la capacidad adquisitiva de la población, dinamiza la economía y favorece el crecimiento del país, como ; según indicó… ha ocurrido en los últimos años.
Los candidatos coincidieron en exigir que se haga pública la copia oficial del fallo, argumentando que la falta de información clara puede generar interpretaciones erróneas y desinformación en la ciudadanía.
La decisión del Consejo de Estado obliga al Gobierno nacional a expedir un nuevo decreto en un plazo máximo de ocho días, lo que mantiene en expectativa a distintos sectores sobre el futuro del salario mínimo para 2026 y sus efectos en contratos laborales, costos empresariales y estabilidad económica.
Mientras se conoce el documento oficial, continúa el debate político y social en torno al alcance de la medida y su impacto en el país.
