La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – CAR intensificó las acciones de control contra la minería ilegal en la provincia de Ubaté, con la aplicación de más de 17 medidas preventivas y procesos sancionatorios ambientales en los municipios de Cucunubá, Lenguazaque y Sutatausa, debido a graves afectaciones sobre los recursos suelo, agua y flora, así como al incumplimiento reiterado de la normatividad ambiental vigente.
Las acciones adelantadas por la autoridad ambiental evidenciaron operaciones mineras activas sin título minero ni licencia ambiental, además del desacato a medidas de suspensión previamente impuestas por autoridades municipales y nacionales.
En el municipio de Cucunubá, particularmente en las veredas Pueblo Viejo y La Ramada, las inspecciones técnicas permitieron identificar minas de carbón en plena operación, algunas de ellas con antecedentes de suspensión y clausura por accidentes mineros fatales y daños ambientales.
Durante las visitas, la CAR encontró infraestructura minera completamente operativa, incluyendo bocaminas, compresores industriales, subestaciones eléctricas, patios de acopio, sistemas de descargue, talleres y zonas de almacenamiento de carbón y material estéril. En varios puntos se hallaron toneladas de carbón listas para su comercialización, con producciones estimadas que alcanzaban hasta 900 toneladas mensuales.
Los equipos técnicos evidenciaron severos impactos ambientales derivados de estas actividades ilegales, entre ellos:
•Vertimiento incontrolado de estériles y residuos de carbón sobre el suelo natural.
• Sepultamiento de cobertura vegetal, potreros y bosque nativo.
• Arrastre de sedimentos hacia quebradas y fuentes hídricas por ausencia de obras de manejo de aguas lluvias.
• Descarga directa de aguas residuales mineras sin tratamiento.
• Contaminación del suelo por hidrocarburos, aceites y combustibles.
• Intervención de rondas hídricas y zonas de protección ambiental.
• Alteración geomorfológica y riesgos de deslizamiento por manejo inadecuado de botaderos.
En varios casos, la CAR constató el retiro ilegal de sellos de suspensión y la continuidad de actividades mineras pese a existir medidas preventivas vigentes desde años anteriores. Incluso, durante algunos operativos, trabajadores intentaron suministrar información falsa a las autoridades ambientales.
Asimismo, las inspecciones permitieron establecer que algunas explotaciones se desarrollaban dentro de áreas de especial importancia ambiental, incluyendo zonas de protección hidráulica, rondas de quebradas y ecosistemas estratégicos.
Uno de los casos más delicados se registró en la vereda Gachaneca, en el municipio de Lenguazaque, donde la actividad minera ilegal se desarrollaba dentro del área protegida del Páramo de Rabanal y Río Bogotá, ecosistema protegido por la Ley 1930 de 2018. Allí se evidenció extracción y procesamiento de carbón sin permisos ambientales ni título minero, así como vertimientos de aguas de mina directamente sobre el suelo.
De igual manera, en la vereda Espinal Carrizal, la CAR verificó la operación activa de seis bocaminas que realizaban vertimientos directos de aguas residuales mineras, disposición inadecuada de estériles y almacenamiento de carbón a cielo abierto sin medidas de manejo ambiental.
Por su parte, en Sutatausa, específicamente en la vereda Peñas de Boquerón, la autoridad ambiental realizo la inspección a raíz de una emergencia minera que cobró la vida de un trabajador, donde se encontró una explotación ilegal de carbón con aproximadamente 15 trabajadores y cerca de 30 toneladas de mineral listas para transporte. Allí también se evidenciaron descargas directas de aguas residuales mineras y graves riesgos de inestabilidad del terreno debido a la infiltración de aguas contaminadas en botaderos de estériles.
“Estas actividades ilegales generan impactos acumulativos sobre los ecosistemas, afectan la calidad y disponibilidad del recurso hídrico, deterioran los suelos y ponen en riesgo la seguridad de las comunidades y de los trabajadores mineros”. Aseguro el director de la CAR Ubaté Julio César Sierra León.
Ante los hallazgos, la Corporación procedió a imponer medidas preventivas de suspensión inmediata de actividades, instalación de sellos de cierre y apertura de procesos administrativos sancionatorios ambientales contra los responsables.
La autoridad ambiental continuará adelantando operativos de seguimiento y control en toda la región, en articulación con alcaldías municipales, la Agencia Nacional de Minería y demás entidades competentes, con el propósito de proteger los recursos naturales y combatir las actividades extractivas ilegales que amenazan los ecosistemas estratégicos del territorio.
