En el marco del debate sobre el Estatuto de la Oposición, el concejal de Bogotá, José Cuesta Novoa, puso en evidencia la persistencia de la corrupción en las 20 localidades de la ciudad. Según el cabildante, factores estructurales como la impunidad, la falta de sanción, la influencia de intereses privados y el financiamiento opaco de campañas han convertido la corrupción en un problema sistemático dentro de la administración distrital.
Cuesta Novoa enfatizó que la falta de alineación con los objetivos del Plan de Desarrollo ha generado proyectos desconectados de las necesidades reales de la comunidad, lo que limita su impacto y sostenibilidad. Además, señaló que el uso ineficiente de los recursos públicos contribuye al deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.
Reforma del Decreto 1421: clave para combatir el clientelismo
Uno de los puntos centrales del pronunciamiento del concejal fue la necesidad de modificar el Decreto 1421, específicamente su artículo 84, que regula la designación de alcaldes locales. Aunque reconoció la reciente modificación introducida por el Decreto 2116—que establece que al menos el 50% de los alcaldes locales deben ser mujeres—, afirmó que el artículo 84 sigue fomentando el clientelismo, lo que a su vez abre la puerta a la corrupción.
«Desde hace más de una década he propuesto una reforma estructural para eliminar este mecanismo que perpetúa la corrupción. La elección de alcaldes locales debe ser replanteada para garantizar transparencia y participación real de la ciudadanía», manifestó Cuesta Novoa. Asimismo, propuso la convocatoria de un proceso constituyente en el que la ciudadanía pueda participar activamente en la reforma del Estatuto Orgánico de Bogotá.
La ejecución de fondos en 2024 ¿transparencia o riesgo de corrupción ?:
El concejal también alertó sobre la manera en que se están ejecutando los fondos de desarrollo local en 2024. Afirmó que el uso de contratos fragmentados, conocidos como «chichigua», facilita la corrupción y dificulta la fiscalización efectiva de los recursos.
«Los Proyectos de Gran Impacto (PGI) permiten un mejor control ciudadano, pero la proliferación de pequeñas partidas facilita la desviación de fondos. Además, se han identificado carteles de corrupción en algunas fundaciones que contratan con el Distrito, como FUNDESCO, Al Desarrollo y Camino Verde», advirtió.
Cuesta Novoa denunció que la contratación excesiva en formación y capacitación ha generado un fenómeno de «formatitis», donde muchos de estos procesos carecen de impacto real en la comunidad.
Fundaciones en la mira presuntas irregularidades en contrataciones:
El concejal señaló que varias fundaciones han sido vinculadas a presuntos hechos de corrupción en la ejecución de contratos con las alcaldías locales:
Fundación Camino Verde: Comprometida en presuntos actos de corrupción en las alcaldías de Santa Fe y Kennedy, con contratos por hasta $900 millones.
Fundesco: Señalada por presuntas irregularidades en localidades como San Cristóbal, Sumapaz, Usme, Mártires, Ciudad Bolívar, Puente Aranda, Santa Fe y Rafael Uribe, con un contrato por $3.663 millones.
Al Desarrollo: Relacionada con presuntas anomalías en contratos en localidades como Rafael Uribe, Fontibón, Usme, Mártires, San Cristóbal, Ciudad Bolívar, Santa Fe, Puente Aranda y Sumapaz.
Diciembre en Bogotá: contratación masiva de última hora
Cuesta Novoa hizo un llamado de alerta sobre el incremento de la contratación pública durante diciembre. Según datos de SECOP II, entre el 1 y el 31 de diciembre de 2024 se firmaron contratos por un total de $494.222.559.245.
«Es inaceptable que, faltando cinco minutos para la medianoche del 31 de diciembre, se estén firmando contratos de último momento. Para evitar esta práctica, es urgente establecer una directiva clara que fije como límite el 15 de diciembre para la contratación en 2025», concluyó.
Finalmente, el cabildante evidenció que en los contratos FDLK-LP-007-2024, FDLK-LP-005-2024 y FDLK-LP-012-2024, adjudicados por la Alcaldía Local de Kennedy en diciembre por un monto cercano a los 10.000 millones de pesos, no se realizó un “Estudio Previo” de manera transparente. Esto se debe a que se empleó un mismo estudio de mercado para tres contratos con objetos distintos, informando que el documento virtual reposa en el drive de la oficina de inversión local de Kennedy, vulnerando el derecho de publicidad plasmado en el Decreto 1082 del 2015 y no acuden a las necesidades específicas de cada proceso. Además, al llevar a cabo el respectivo control político en SECOP II, se constató que la información sobre las solicitudes a proveedores no fue cargada en la plataforma. En consecuencia, el estudio de mercado se basó en la simple copia y pegado de información, incurriendo en un presunto delito de “falsedad material en documento público”. “Art 287 código penal – ley 599 de 2000”
Fuente: Oficina de Prensa Concejo de Bogotá – Concejal José Cuesta Novoa
