Una millonaria facturación por el servicio de grúas y patios en Bogotá abrió un nuevo debate sobre los costos que deben asumir los ciudadanos cuando sus vehículos son inmovilizados. De acuerdo con cifras entregadas por la Secretaría Distrital de Movilidad, entre enero de 2022 y agosto de 2026 el sistema registró ingresos por 183.727 millones de pesos, una situación que también pone bajo la lupa las condiciones que enfrentan los conductores de localidades como Suba.
La información fue revelada por la concejal de Bogotá Rocío Dussán, tras recibir una respuesta oficial de la Secretaría de Movilidad a un derecho de petición. Según el reporte, del total facturado, más de 151.000 millones de pesos, equivalentes al 82,3 %, correspondieron al concesionario encargado del servicio, mientras que cerca de 32.000 millones, es decir, el 17,7 %, ingresaron a la entidad distrital.
Uno de los aspectos que genera mayor preocupación es la cantidad de vehículos que permanecen durante largos periodos en los patios. Con corte al 31 de agosto de 2026, 9.858 vehículos llevaban más de 30 días inmovilizados y 8.222 superaban los 120 días sin ser retirados.
Las motocicletas representan el grupo más numeroso dentro de estas cifras. De acuerdo con la información oficial, 6.935 permanecían en los patios durante más de 30 días, mientras que 5.699 superaban los cuatro meses de permanencia. Esta situación plantea interrogantes sobre los costos acumulados para los propietarios y las dificultades que pueden enfrentar para recuperar sus vehículos.
Más de 3.600 reclamaciones por daños y pérdida de elementos
Otro punto que llamó la atención de la concejal tiene que ver con las inconformidades presentadas por los ciudadanos. Entre 2022 y septiembre de 2026 se registraron 3.621 peticiones, quejas y reclamos (PQRS) relacionadas con presuntos daños y pérdida de elementos durante los procedimientos de traslado o permanencia de los vehículos en los patios.
De ese total, 1.770 reclamaciones fueron clasificadas como procedentes, lo que significa que fueron aceptadas por el concesionario. La cifra representa un nuevo motivo de preocupación para quienes utilizan el servicio y esperan que sus automotores sean tratados bajo condiciones adecuadas de custodia.
La discusión, según planteó Dussán, no debe centrarse únicamente en el valor que se cobra por la inmovilización, sino también en la transparencia del modelo, la proporcionalidad de las tarifas y las garantías para los propietarios.
El costo de trasladar una motocicleta también está en debate
La concejal cuestionó las condiciones tarifarias aplicadas al servicio de grúa para motocicletas. Según la respuesta de la Secretaría de Movilidad, una grúa puede transportar hasta siete motocicletas y la tarifa establecida para esta categoría corresponde a 4,2 salarios mínimos diarios legales vigentes por cada vehículo.
Uno de los puntos señalados es que, cuando varias motocicletas son transportadas en una misma grúa, el cobro no se distribuye entre los vehículos. Esta condición motivó cuestionamientos sobre la proporcionalidad del valor que deben pagar los usuarios por el traslado.
La controversia adquiere relevancia para los conductores de Bogotá, incluidos quienes se movilizan diariamente por Suba, donde el uso de motocicletas y vehículos particulares hace parte de la dinámica cotidiana de movilidad. Aunque las cifras entregadas corresponden al conjunto de la ciudad y no discriminan los casos por localidad, el debate sobre los cobros y la atención de reclamaciones involucra a todos los ciudadanos que pueden verse afectados por una inmovilización.
Piden mayor transparencia y garantías para los ciudadanos
La concejal Rocío Dussán insistió en que las autoridades deben revisar si el funcionamiento del sistema responde a criterios de eficiencia, transparencia y protección al ciudadano. Para la cabildante, no basta con conocer cuánto dinero recauda el modelo: también es necesario establecer quiénes reciben esos recursos, cómo se presta el servicio y qué garantías tienen los propietarios frente a posibles daños o pérdidas.
El volumen de vehículos que permanecen durante meses en los patios y las reclamaciones registradas ponen sobre la mesa la necesidad de evaluar los procedimientos de inmovilización, traslado, custodia y entrega de automotores.
La discusión también plantea interrogantes sobre las alternativas para los ciudadanos que no pueden retirar rápidamente sus vehículos y deben asumir costos de permanencia durante periodos prolongados.
Mientras se conocen posibles respuestas institucionales, los datos revelados reabren el debate sobre el modelo de grúas y patios en Bogotá. Para los conductores de Suba y del resto de la capital, el principal interés está en que el servicio se preste con reglas claras, cobros proporcionales y mecanismos efectivos para responder ante cualquier irregularidad.
