La reciente intervención y posterior retiro de la Huerta Comunitaria Polinizadores, ubicada en el barrio Aures II de la localidad de Suba, ha generado un fuerte debate entre jóvenes ambientalistas, residentes del sector y la Junta de Acción Comunal (JAC), quienes entregan versiones distintas sobre lo ocurrido.
Versión de los jóvenes y líderes ambientales de la huerta los Polinizadores
Un grupo de jóvenes, docentes y líderes ambientales denunció la destrucción del proyecto, que durante aproximadamente seis años promovió la educación ambiental, el reciclaje orgánico y la agricultura urbana en el sector.
Según su relato, en la madrugada del pasado domingo varias personas del barrio ingresaron al espacio y retiraron de manera violenta la huerta, afectando plantas medicinales, hortalizas, árboles frutales y especies nativas.
Los organizadores aseguran que la iniciativa nació con el impulso de adultas mayores del sector y posteriormente se consolidó como un proceso comunitario de formación ambiental para niños, jóvenes y adultos. También afirmaron que el proyecto avanzaba en un proceso de legalización ante el Jardín Botánico de Bogotá desde 2023.
Una de las voceras señaló que días antes habían solicitado una mesa de diálogo con la Junta de Acción Comunal para evitar una intervención del espacio sin concertación.
Además, rechazaron las acusaciones de algunos habitantes que relacionan la huerta con inseguridad, consumo de sustancias o acumulación de residuos. “La huerta no es responsable de los robos ni de la mala disposición de basuras”, indicaron.
Como acto simbólico, el colectivo convocó una velatón en el mismo parque para este miércoles, con el fin de resignificar el espacio y pedir diálogo entre las partes.
¿Cuál es la versión de algunos residentes del sector?
Por otro lado, uno de los residentes explicó que la comunidad venía manifestando inconformidades desde hace varios meses debido a presuntos problemas de seguridad, acumulación de residuos y presencia de roedores en el entorno del parque. Según su versión, estos factores habrían generado preocupación entre los habitantes, especialmente por tratarse de un espacio frecuentado por niños y adultos mayores.
El vecino aseguró que, ante la falta de soluciones efectivas, la comunidad empezó a plantear alternativas para la recuperación del espacio, como la construcción de un parque infantil o la adecuación de un gimnasio al aire libre. “Queremos un lugar más seguro, con juegos para los niños y máquinas para hacer ejercicio, algo que beneficie a toda la comunidad”, indicó.
Asimismo, insistió en que la intención de los residentes no era afectar procesos ambientales, sino responder a las necesidades del barrio. “No es que estemos en contra de las huertas, pero consideramos que ese punto específico ya no era adecuado para ese tipo de proyecto”, agregó.
De acuerdo con sus testimonios, el sector habría presentado aumento en hechos de hurto, consumo de sustancias psicoactivas y presencia de roedores, situación que, según ellos, se habría agravado en el entorno del parque.
Además, uno de los residentes señaló que en el lugar se habrían registrado agresiones y enfrentamientos en días previos a la intervención, lo que generó temor en la comunidad.
“Ya no podíamos seguir así, la gente fue víctima de robos y agresiones. La comunidad decidió actuar porque no se veía una solución”, afirmó un vecino, quien agregó que la zona requiere ser transformada en un parque infantil o un espacio recreativo.
Versión de la Junta de Acción Comunal
La presidenta de la Junta de Acción Comunal de Aures II, Luz Marina Ortiz, explicó que la organización comunitaria realizó varias mesas de trabajo con los diferentes actores y notificó a entidades distritales sobre la situación.
Según indicó, la comunidad expresó en reiteradas reuniones su inconformidad con la huerta debido a problemáticas de seguridad, manejo de residuos y convivencia. Ortiz aseguró que la JAC no lideró directamente la intervención del espacio y que su papel fue de mediación y reporte ante las entidades competentes.
También afirmó que la huerta no contaba con legalización formal por parte del Jardín Botánico y que existían actas y derechos de petición donde algunos residentes solicitaban su retiro.
Sin embargo, reconoció que la situación derivó en tensiones entre las partes y hechos de confrontación durante el proceso de retiro del espacio. Como parte de las soluciones planteadas, la JAC insistió en la necesidad de instalar una mesa de diálogo amplia e incluyente, con participación de la Administración Distrital, los jóvenes ambientalistas y la comunidad, para revisar el futuro del espacio y evitar nuevas confrontaciones.
Asimismo, propuso que la Alcaldía Local de Suba, a través de la Gerencia de la Solución, defina un cronograma claro de reuniones, con fechas y compromisos establecidos, que permita avanzar en una salida concertada y definitiva al conflicto.
La presidenta enfatizó que el propósito es evitar que la situación quede sin resolver y garantizar que el espacio público del sector pueda tener un uso acordado que beneficie a toda la comunidad y reduzca las tensiones actuales.
Un conflicto abierto en el territorio
Mientras los jóvenes insisten en la protección del proceso ambiental y en la apertura de un diálogo institucional, algunos residentes respaldan la intervención del espacio, y la Junta de Acción Comunal pide que el caso sea revisado por entidades distritales como la Secretaría de Ambiente, el Jardín Botánico y la Defensoría del Espacio Público.
El caso de la Huerta Comunitaria Polinizadores deja en evidencia un conflicto de percepción sobre el uso del espacio público en Aures II, donde la necesidad de convivencia, seguridad y sostenibilidad ambiental sigue siendo el centro del debate.
Por ahora, no hay un acuerdo definitivo entre las partes, mientras la comunidad espera la intervención de entidades distritales para definir el futuro del espacio.
