La Contraloría General de la República lanzó una alerta por irregularidades en la ejecución de los recursos del Programa de Alimentación Escolar (PAE) y advirtió sobre posibles dificultades para garantizar la continuidad de este servicio durante 2026.
El organismo de control realizó 32 auditorías de cumplimiento sobre los recursos del PAE ejecutados durante 2025 y encontró 84 hallazgos administrativos. De estos, 71 tendrían presunta incidencia disciplinaria, uno presunta incidencia penal, cinco fueron remitidos para indagación preliminar y 41 tendrían presunta incidencia fiscal por $39.139 millones.
Problemas en contratos y posibles sobrecostos
De acuerdo con la Contraloría, los hallazgos fiscales están relacionados principalmente con deficiencias en la ejecución de los contratos.
El 60 % de estos casos estaría relacionado con fallas en la planeación, manejo de información, supervisión y control contractual. Otro 30 % correspondería a presuntos sobrecostos en los pagos a manipuladoras de alimentos y en las raciones escolares, mientras que el 10 % restante estaría relacionado con mayores valores pagados.
La Contraloría también advirtió sobre un posible impacto en la prestación del servicio. Cerca de 600.000 estudiantes en 13 territorios podrían verse afectados por la terminación de contratos, mientras no se evidencian nuevos procesos o recursos suficientes para garantizar la continuidad del PAE.
El organismo de control señaló que hará seguimiento a las actuaciones de las entidades responsables para determinar las responsabilidades correspondientes y verificar que se adopten medidas que permitan garantizar la alimentación escolar.
