Javier Alejandro Lozada denunció presuntas irregularidades en la construcción de la Unidad de Reacción Inmediata de Suba y pidió a la Secretaría de Seguridad explicar cuándo será entregada la infraestructura.
La construcción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba continúa generando preocupación por los retrasos, las adiciones presupuestales y los hallazgos fiscales advertidos por los organismos de control. Así lo manifestó el edil Javier Alejandro Lozada, durante su visita a las instalaciones de la emisora Suba Alternativa, el pasado 30 de octubre de 2026, en el informativo Suba Alternativa Noticias.
Durante la entrevista, Lozada explicó que, desde su llegada a la Junta Administradora Local (JAL) de Suba en 2024, comenzó a hacer seguimiento al proyecto, incluyendo el proceso de contratación, los estudios y diseños, el presupuesto y la ejecución de las obras.
Según el edil, el contrato para la construcción de la URI fue firmado en 2024 y contempla una inversión cercana a los 8.000 millones de pesos. Sin embargo, aseguró que desde el comienzo advirtió a la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia sobre dos aspectos que consideraba preocupantes.
El primero tiene que ver con la ubicación del proyecto, en una zona residencial y junto a la estación de Policía, situación que, según Lozada, podría generar riesgos para los habitantes del sector. El segundo está relacionado con las condiciones estructurales de la edificación existente, pues, a su juicio, era necesario demolerla completamente y construir una infraestructura nueva. No obstante, indicó que la Secretaría consideró que no era necesario realizar la demolición total.
Contraloría habría identificado hallazgos por más de $3.000 millones
El edil señaló que, ante las inquietudes sobre la ejecución del contrato, citó en varias oportunidades a la Secretaría de Seguridad a sesiones de la Junta Administradora Local para solicitar explicaciones sobre el avance del proyecto.
Posteriormente, se realizó una visita con organismos de control, entre ellos la Contraloría de Bogotá y la Personería Distrital, con el propósito de revisar las condiciones de la obra.
De acuerdo con lo expuesto por Lozada durante la entrevista, un reciente informe de la Contraloría identificó hallazgos administrativos con presunta incidencia fiscal por más de 3.000 millones de pesos relacionados con la URI de Suba.
El edil explicó que, de ese monto, aproximadamente 2.400 millones de pesos corresponderían a observaciones relacionadas con el contratista encargado de ejecutar la obra, mientras que cerca de 740 millones estarían asociados a la interventoría, cuya función es vigilar y verificar que los trabajos se desarrollen conforme a las condiciones establecidas.
Lozada también cuestionó las adiciones y prórrogas del contrato, al considerar que se trata de una obra que ya presentaba dificultades desde su planteamiento estructural.
El cabildante señaló que la responsabilidad de garantizar la adecuada ejecución del proyecto recae en la administración distrital, particularmente en la Secretaría de Seguridad, encabezada por César Restrepo, y en el gobierno del alcalde mayor Carlos Fernando Galán, sin desconocer las responsabilidades contractuales de quienes participan directamente en la obra.
La URI atendería a cinco localidades del norte de Bogotá
Otro de los aspectos que generó preocupación en el edil es la capacidad de las instalaciones. Según explicó, la URI de Suba no solamente prestaría servicios judiciales a los habitantes de esta localidad, sino también a ciudadanos de Engativá, Barrios Unidos, Usaquén y Chapinero.
Lozada indicó que la infraestructura tendría capacidad para aproximadamente 30 funcionarios y 10 personas vinculadas a procesos penales o en condición de sindicadas, una capacidad que considera insuficiente para atender la demanda de cinco localidades del norte de Bogotá.
Por esta razón, manifestó su inquietud frente a las dimensiones del proyecto y la posibilidad de que las instalaciones no respondan adecuadamente a las necesidades del servicio de justicia en este sector de la ciudad.
Edil pide respuestas sobre la entrega de la obra
Finalmente, Javier Alejandro Lozada aseguró que, desde su perspectiva, los trabajos no muestran el avance esperado y pidió a la Secretaría Distrital de Seguridad entregar explicaciones claras a la comunidad sobre el estado actual del proyecto.
“Como edil espero que la Secretaría de Seguridad de Bogotá le responda a la comunidad y a la Junta Administradora Local cuándo se va a hacer entrega de la URI”, manifestó durante la entrevista en Suba Alternativa.
La situación deja sobre la mesa varios interrogantes relacionados con el manejo de los recursos públicos, las condiciones técnicas de la infraestructura, los hallazgos reportados por los organismos de control y la fecha en que entrará en funcionamiento este servicio judicial para el norte de Bogotá.
Suba Alternativa continuará haciendo seguimiento a este proyecto y a las respuestas que entregue la administración distrital frente a las inquietudes de la comunidad.
