La construcción de la Unidad de Reacción Inmediata (URI) de Suba vuelve a generar cuestionamientos por sus retrasos, las adiciones presupuestales y las condiciones de la infraestructura.
El edil Javier Alejandro Losada advirtió sobre posibles irregularidades en la ejecución del proyecto y señaló que la Contraloría de Bogotá identificó hallazgos administrativos con incidencia fiscal por más de $3.000 millones. Durante una entrevista con Suba Alternativa, Losada explicó que el contrato de obra, inicialmente cercano a los $8.600 millones, alcanzó aproximadamente los $12.000 millones tras diferentes adiciones y prórrogas.
Según detalló, de los hallazgos señalados por el organismo de control, cerca de $2.400 millones corresponderían al contratista de obra y alrededor de $740 millones a la interventoría, encargada de supervisar la ejecución del proyecto. El edil también cuestionó las condiciones técnicas de la construcción. Según relató, durante una visita al lugar se evidenciaron dificultades en elementos estructurales, como columnas y uniones metálicas, que habrían requerido modificaciones.
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Asimismo, señaló que los diseños presentaban fallas y omisiones que terminaron generando ajustes adicionales, entre ellos el reforzamiento de un muro de seguridad junto a los calabozos de la estación de Policía.
Otro de los cuestionamientos está relacionado con la capacidad y ubicación de la infraestructura. Losada indicó que la URI del norte, que prestaría servicio a localidades como Suba, Engativá, Usaquén y Barrios Unidos, tendría capacidad para 30 funcionarios y 10 personas vinculadas a procesos penales.
#AlAire 🔴 Nos encontramos con el edil de Suba, Javier Alejandro Lozada, quien nos contará qué está pasando con la construcción de la URI de Suba. https://t.co/09jxy6OMeY https://t.co/8FNAbnz5px
— Emisora Suba Alternativa 🔴 (@Subalternativa) October 30, 2026
A su juicio, estas condiciones resultan insuficientes frente a las necesidades de una localidad con una población numerosa. También manifestó su preocupación por la cercanía del proyecto a una zona residencial y a la estación de Policía, debido a los posibles impactos sobre los vecinos.
Frente a este panorama, el edil aseguró que desde la Junta Administradora Local se han citado en varias oportunidades a la Secretaría Distrital de Seguridad, la Secretaría de Gobierno y los responsables de la obra para solicitar explicaciones sobre los avances y los recursos invertidos. Además, planteó que el Distrito debió considerar otros terrenos para desarrollar una infraestructura de mayor capacidad, que respondiera a las necesidades de seguridad y acceso a la justicia de Suba y el norte de Bogotá.
Aunque reconoció que la localidad necesita una URI, Losada cuestionó que el proyecto avance en medio de retrasos, mayores costos y observaciones de los organismos de control. Por ello, planteó interrogantes sobre el futuro de la obra y advirtió sobre el riesgo de que termine convirtiéndose en un nuevo elefante blanco para la localidad.
