En el tema del día, el abogado Juan Manuel Sáenz brindó una explicación detallada sobre el ‘fast track’ con el objetivo de aclarar diversos aspectos políticos para las personas y la comunidad. Específicamente, se centró en este mecanismo que ha sido ampliamente mencionado tras la instalación del Congreso de la República.
El ‘fast track’, también conocido como Procedimiento Legislativo Especial para la Paz, fue diseñado para facilitar la aprobación de normas fundamentales para la implementación del acuerdo de paz negociado con la guerrilla de las Farc. Fue introducido mediante el Acto Legislativo 001 del 2016 durante el gobierno de Juan Manuel Santos, con el objetivo de agilizar la legislación relacionada con la paz.
Este mecanismo permitió que los proyectos de ley presentados por el Ejecutivo, mediante mensaje de urgencia, fueran tramitados de manera más rápida a través de debates conjuntos y paralelos tanto en las comisiones como en las sesiones plenarias del Congreso. Además, para las reformas constitucionales se redujo la cantidad de debates necesarios de ocho a cuatro.
Es importante destacar que, según el ‘fast track’, las modificaciones a los proyectos de ley solo podían realizarse previo acuerdo con el Gobierno y antes de la fase de debate. Esto implicaba que las discusiones detalladas sobre cada artículo se veían limitadas y se votaba en bloque por los proyectos.
En el año 2017, la Corte Constitucional emitió la Sentencia C-332, aclarando el alcance de las facultades transitorias del Presidente de la República y el procedimiento legislativo especial. Se estableció que este mecanismo no debe utilizarse simplemente como una alternativa al trámite legislativo ordinario establecido en la Constitución y en la Ley 5° de 1992.
El abogado Juan Manuel Sáenz brindó una explicación sobre el ‘fast track’ y su relevancia política tras la instalación del Congreso. Este mecanismo tuvo como objetivo facilitar la aprobación de normas relacionadas con el acuerdo de paz con las Farc, agilizando la legislación y reduciendo el número de debates necesarios. Sin embargo, se estableció la importancia de utilizar correctamente estas facultades para evitar que sustituyan el trámite legislativo ordinario.
