Una juez de control de garantías ordenó la medida de aseguramiento en establecimiento carcelario contra Deibi Gabriel Acevedo Sánchez y Anngi Natalia Díaz Sierra, quienes son señalados por las autoridades de estar involucrados en la agresión que terminó con la muerte de Cristian David Garzón, un guarda de seguridad de 27 años de TransMilenio.
El caso ocurrió el pasado 18 de septiembre, alrededor de las 9:30 de la mañana, en la estación Terreros de TransMilenio, ubicada en el municipio de Soacha, Cundinamarca.
Según la investigación, Garzón habría intervenido cuando la pareja presuntamente intentaba ingresar de manera irregular a la estación. En medio de la situación se habría producido una discusión que terminó en una agresión.
De acuerdo con la información presentada durante el proceso, Acevedo Sánchez habría intentado atacar con una navaja a una compañera del guarda. Garzón se habría interpuesto para protegerla y, en ese momento, recibió las heridas que posteriormente le causaron la muerte.
Tras la agresión, sus compañeros trasladaron al joven a un centro médico cercano con el propósito de recibir atención de emergencia. Sin embargo, debido a la gravedad de las lesiones, Cristian David Garzón falleció.
Captura de los señalados
Después de lo ocurrido, unidades de la Policía Metropolitana de Soacha adelantaron la búsqueda de los presuntos involucrados y lograron capturarlos en vía pública. Durante el procedimiento también fue incautada un arma blanca que, según las autoridades, estaría relacionada con la agresión.
Posteriormente, un fiscal de la Seccional Cundinamarca presentó el caso ante la justicia y les imputó a los dos detenidos el delito de homicidio agravado.
Durante las audiencias, ninguno de los dos procesados aceptó los cargos. Sin embargo, la juez de control de garantías determinó que deberán permanecer privados de la libertad mientras avanza el proceso judicial.
De acuerdo con la información expuesta en la audiencia, Díaz Sierra registra cuatro anotaciones judiciales relacionadas con procesos por hurto calificado, inasistencia alimentaria, tráfico de estupefacientes y violencia intrafamiliar. Por su parte, Acevedo Sánchez no registraría antecedentes judiciales.
El proceso continuará en manos de las autoridades judiciales, que deberán establecer las circunstancias exactas de lo ocurrido y la responsabilidad individual de cada uno de los procesados.
El caso ha generado preocupación entre trabajadores y usuarios del sistema de transporte, especialmente por la violencia registrada durante una situación relacionada con el ingreso a una estación.
