La Agencia Nacional de Tierras (ANT) logró reconstruir el título histórico de más de 2.300 hectáreas, brindando claridad sobre la propiedad privada en zonas de páramo y poniendo fin a siglos de incertidumbre para los campesinos boyacenses.
En lo que se considera un acto de justicia histórica y administrativa, la Agencia Nacional de Tierras (ANT) anunció que más de 500 familias campesinas del municipio de El Cocuy, en el departamento de Boyacá, finalmente cuentan con seguridad jurídica sobre sus predios. Este logro es el resultado de la reconstrucción de un título de propiedad que databa de hace dos siglos y medio.
El proceso técnico y jurídico permitió clarificar la situación de un área de 2.308 hectáreas, las cuales comprenden 579 predios catastrales y 417 folios de matrícula inmobiliaria. La intervención se concentró en las veredas de:
1.Llano Grande
2.San Jon
3.Palchacual
4.Mortiño
Un estudio riguroso para la defensa del territorio
Julián Ballén, subdirector de seguridad jurídica de la Agencia Nacional de Tierras (ANT), explicó que esta decisión se tomó tras un estudio exhaustivo realizado entre los meses de octubre y noviembre. El trabajo de campo y archivo se llevó a cabo de la mano con las familias parameras del Norte de Gutiérrez.
«Pudimos establecer que estas más de 2.300 hectáreas son de naturaleza privada. Esto acaba con la inseguridad jurídica que por años han tenido las familias al no saber qué naturaleza tienen sus predios. A estas familias había que acabarles el temor», afirmó Ballén.
Impacto y formalización
La importancia de este hallazgo radica en que, al demostrarse que estas tierras salieron del patrimonio del Estado hace 250 años, se abre formalmente la puerta para la formalización de la propiedad privada en el páramo del Cocuy.
| Dato Clave | Detalle |
| Población beneficiada | +500 familias campesinas |
| Extensión total | 2.308 hectáreas |
| Base Legal | Artículo 48 de la Ley 160 de 1994 |
| Ubicación | El Cocuy, Boyacá |
Este antecedente no solo consolida la propiedad de los actuales habitantes, sino que aporta claridad al ordenamiento territorial y fortalece la defensa del territorio en Boyacá. Con la validez probatoria que otorga la ley, los campesinos de la región pasan de la incertidumbre a la certeza de que la tierra que han trabajado por generaciones es, legalmente, suya.
