Una intensa vigilia se ha llevado a cabo desde el pasado jueves en el CAI Lourdes, localizado en la localidad de Chapinero, oriente de Bogotá. Líderes indígenas de diversas etnias, como Brisas del Cucuana, Nuevo Horizonte, municipio de San Antonio, resguardo indígena Pijao Campo Alegre y comunidad indígena Canalí Ventaquemada de Ortega, Tolima, se han reunido en este lugar exigiendo la entrega de un individuo acusado de haberles robado más de 700 millones de pesos.
De acuerdo con los líderes indígenas, el señalado estafador, quien estuvo prófugo por dos años, fue capturado en Bogotá. No obstante, en el momento en que se intentaba trasladarlo de regreso al Tolima, el hombre apeló a la intervención de la Policía, la cual lo custodia actualmente en el CAI Lourdes.
Los líderes insisten en que el acusado debe ser entregado a su comunidad para ser juzgado según sus propias leyes y costumbres. Edwin Darío Díaz Mendoza, consejero y representante legal de la Asociación Nacional de Cabildos y Autoridades Indígenas en Colombia, junto con Douglas Piñero Ramírez, gobernador del Resguardo Pijao Campo Alegre, expresaron su frustración en una entrevista con Blu Radio.
«Este señor nos ha hecho un grave daño al cometer un delito de fraude con los fondos que el Ministerio del Interior le otorgó y el CSI le pagó, una suma de 710 millones de pesos destinados a tres comunidades», relataron. Piñero Ramírez agregó que, a pesar de ser presidente de la asociación, el individuo nunca rindió cuentas sobre los fondos y los ignoró por completo. Fue necesario realizar acciones en el CSI para obtener pruebas y capturarlo. Los líderes indígenas exigen su entrega para que sea juzgado según la ley indígena 246 en el Tolima.
Los líderes indígenas argumentan que se están vulnerando sus derechos al impedirles juzgar al acusado dentro de su propia comunidad. Han buscado apoyo en diversas entidades y han dejado claro que no se retirarán del CAI Lourdes hasta que el sujeto sea entregado para enfrentar las sanciones y castigos correspondientes en el Tolima. Es su firme determinación asegurar que se haga justicia y se respeten sus derechos ancestrales en el proceso judicial.
