La candidatura a la Cámara de Representantes por Bogotá de Andrés Felipe Vásquez de Coalición Ciudadanos Renovemos, número 109 ha puesto el foco en una disparidad económica que ha encendido el debate y la indignación pública. Durante una entrevista con la emisora Suba Alternativa, Vásquez reveló cifras que, de ser precisas, dibujarían un preocupante desequilibrio en la asignación de recursos estatales.
Según el aspirante, el costo mensual de mantener a un recluso en el sistema penitenciario colombiano asciende a casi 3 millones de pesos. Una cifra que, al contrastarse con el presupuesto destinado a la formación académica, resalta una posible desproporción en la inversión social.
«Mantener a un preso en Colombia cuesta casi 3 millones de pesos mensuales, mientras que la educación de un estudiante por un mes tiene un costo de 270 mil pesos en un colegio oficial,» afirmó Vásquez, líder de la lista de la coalición número 109.
La Brecha de la Inversión
El contraste entre las dos cifras es abrumador. Mientras la manutención de una persona privada de la libertad representa un desembolso significativo de recursos públicos, la inversión en la educación de un joven en un colegio oficial apenas supera el 9% de ese valor.
La declaración del candidato Vásquez busca, evidentemente, señalar una urgente necesidad de reestructurar la distribución del presupuesto nacional, priorizando sectores clave como la educación, que es considerada el motor del progreso social y la herramienta más efectiva para reducir la reincidencia y la desigualdad.
¿Un Debate Necesario?
Las palabras de Andrés Felipe Vásquez abren el interrogante sobre la efectividad y la equidad del gasto. Ciudadanos Renovemos, la coalición que representa el candidato, ha hecho de este tema uno de sus pilares de campaña, argumentando que una mayor inversión en calidad educativa y oportunidades para la juventud es la verdadera vía para disminuir a largo plazo los costos asociados a la criminalidad y el hacinamiento carcelario.
Se espera que en los próximos días la opinión pública y los demás candidatos se pronuncien sobre este polémico dato que pone en el centro de la campaña la necesidad de revisar los costos y los beneficios sociales de la inversión estatal.
Esta premisa revela que el sistema actual premia el castigo por encima de la prevención y la formación. En consecuencia, el país gasta sus recursos en sostener centros penitenciarios que, lejos de resocializar, funcionan como «centros neurálgicos del crimen» y sedes de extorsión telefónica.
Él utiliza una comparación muy fuerte: las cárceles hoy funcionan como call centers del delito.
- Menciona que los presos llaman de manera permanente a los bogotanos para extorsionarlos.
- Describe la modalidad del miedo: «Vea, su mamá está sola, no podemos responder por su seguridad, consigne de inmediato al Nequi».
- Denuncia que, mientras el ciudadano trabaja, el preso tiene el tiempo y la tecnología dentro de la cárcel para ubicar a sus víctimas y exigirles dinero.
Propuestas para un cambio de modelo
Para enfrentar esta problemática, Vásquez propone una reforma estructural que incluye la desurbanización de las cárceles. El objetivo principal busca sacar los centros de reclusión del perímetro urbano de ciudades como Bogotá para romper los vínculos de las mafias con las calles. Además, el candidato plantea las siguientes soluciones:
- Autosustentabilidad: Los presos deben trabajar para costear su propia manutención, fabricando infraestructura hospitalaria o pupitres escolares.
- Alianzas Público-Privadas (APP): El sector privado debe construir y administrar las nuevas cárceles para que la inversión no recaiga exclusivamente en el bolsillo de los contribuyentes.
- Privatización del sistema: Ante la ineficiencia de entidades como el INPEC, que cuenta con más de 80 sindicatos, se busca un modelo de gestión más ágil y menos costoso para el erario.
Un espejo en Centroamérica
Andrés Felipe Vásquez también señaló el caso de El Salvador como un referente, mencionando que un colombiano fue el arquitecto de la política carcelaria de Bukele. Por lo tanto, su proyecto de ley busca que Colombia «copie a su manera» este rigor, garantizando que el delincuente que sea capturado no regrese a las calles por falta de cupos, sino que pague su deuda con la sociedad mediante el trabajo arduo y el ejercicio, eliminando la «vagabundería» que hoy impera en los pabellones.
Fuente: Emisora Suba Alternativa
