Un contrato por más de 4.500 millones de pesos destinado a fortalecer las capacidades empresariales en la localidad de Usme se convirtió en el centro de una investigación por posibles hechos de corrupción. La Secretaría de Gobierno de Bogotá confirmó que detectó indicios de un documento presuntamente falso dentro del proceso de licitación adelantado por la Alcaldía Local.
El contrato, identificado como FLDU-LP-037-2025, tenía como objetivo implementar estrategias de acompañamiento y fortalecimiento empresarial durante un periodo de nueve meses. Sin embargo, el pasado 26 de enero se evidenciaron inconsistencias en la documentación presentada por el contratista adjudicatario.
Traslado a organismos de control
El secretario de Gobierno, Gustavo Quintero, informó que, tras detectar la presunta irregularidad, la entidad inició los traslados correspondientes ante las autoridades competentes para que, en el marco de sus funciones, evalúen posibles responsabilidades disciplinarias, fiscales y penales.
“Desde el 27 de enero venimos efectuando los traslados a las autoridades para que se activen los mecanismos legales correspondientes”, explicó Quintero a través de su cuenta en X.
Además, señaló que el contratista fue notificado para que ejerza su derecho a la defensa y contradicción. En caso de confirmarse la falsedad del documento, la Administración avanzará en la terminación unilateral del contrato.
El funcionario reiteró que el Distrito mantiene un seguimiento riguroso a la gestión de las alcaldías locales con el fin de fortalecer la transparencia y garantizar el uso adecuado de los recursos públicos.
El requisito técnico que encendió las alertas
La polémica surgió luego de que la concejal Diana Diago denunciara que uno de los oferentes habría presentado certificaciones presuntamente falsas para cumplir con un requisito técnico habilitante: el registro PULEP (Portal Único de Espectáculos Públicos de las Artes Escénicas).
De acuerdo con el pliego de condiciones del proceso, este registro debía estar vigente al momento de presentar la propuesta. No se trataba de un requisito subsanable ni accesorio; su incumplimiento implicaba el rechazo inmediato del proponente.
Según la cabildante, pese a que uno de los interesados alertó sobre posibles inconsistencias en la certificación, la Alcaldía Local de Usme no verificó la autenticidad del documento, que podía confirmarse mediante la validación de un código QR.
Ante la situación, Diago radicó un Derecho de Petición ante el Ministerio de las Culturas, entidad encargada de administrar el PULEP. En su respuesta, el Ministerio indicó que el certificado adjunto no fue emitido por el portal oficial, lo que, de confirmarse, invalidaría el cumplimiento del requisito exigido en la licitación.
Impacto y posibles consecuencias
El contrato, por un valor cercano a los $4.450 millones, buscaba impulsar el desarrollo empresarial en Usme, una de las localidades con mayores retos económicos y sociales en el sur de Bogotá. Por ello, el caso ha generado preocupación tanto en sectores políticos como en la ciudadanía.
De comprobarse la irregularidad, podrían abrirse procesos disciplinarios contra funcionarios que participaron en la evaluación y adjudicación del contrato, así como eventuales acciones penales contra quienes hayan presentado documentación falsa.
El caso también pone nuevamente en debate los mecanismos de control y verificación en los procesos de contratación pública en las alcaldías locales, especialmente cuando se trata de recursos que superan los 4.000 millones de pesos.
Mientras avanzan las investigaciones, la Secretaría de Gobierno aseguró que continuará vigilando el proceso y colaborando con las autoridades competentes para esclarecer los hechos y garantizar que los recursos públicos se manejen con transparencia.
