Una profunda crisis institucional se cierne sobre Colombia, con el Ministerio de Justicia evaluando la posibilidad de interponer una denuncia penal por prevaricato contra el registrador nacional del Estado Civil, Hernán Penagos. La polémica surge a raíz de la negativa de Penagos a acatar un decreto presidencial que convoca al pueblo a una consulta popular, una decisión que el presidente Gustavo Petro ha calificado de «sedición» contra su autoridad.
El anuncio fue realizado por el ministro de Justicia, Eduardo Montealegre, quien actuó bajo «instrucciones precisas del presidente Petro». Durante la apertura del Consejo de Ministros de este martes, el mandatario exigió «acciones jurídicas» contra Penagos, elevando la tensión política y jurídica en el país.
La Postura del Registrador: Búsqueda de Conceptos y Pronunciamientos Judiciales
Por su parte, el registrador Hernán Penagos ha justificado su decisión, explicando que, antes de hacer efectiva la orden presidencial de convocar a la consulta, solicitó un concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado. Además, remitió copias de esta solicitud a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado (ANDJE) y a la Procuraduría General de la Nación. Penagos también ha instado a las altas cortes a emitir un pronunciamiento «ágil y oportuno» sobre las demandas ya interpuestas relacionadas con este asunto.
Esta postura del Registrador Nacional sugiere una búsqueda de amparo legal y un intento de garantizar la legitimidad y legalidad del proceso antes de proceder con una convocatoria de tal magnitud. Sin embargo, para el Gobierno, esta acción es interpretada como un claro desacato.
Acusaciones de Prevaricato y Usurpación de Funciones
El ministro Montealegre no escatimó en calificativos, afirmando que el ministerio está evaluando la posibilidad de formular una denuncia penal por prevaricato contra Penagos. Según el jefe de la cartera de Justicia, la abstención del Registrador de cumplir la orden presidencial configura «nada más y nada menos que un delito».
Montealegre fue más allá en sus acusaciones, sugiriendo que la actuación de Penagos obedece a una «agenda política» y que no está actuando con base en criterios jurídicos. «Se colocó en rebeldía contra el orden constitucional colombiano, es un desafío a la institucionalidad que ya lo tiene en la línea de un posible prevaricato, porque no puede negarse a cumplir el decreto del presidente», enfatizó el ministro.
El titular de Justicia argumentó que la conducta del Registrador podría incluso ser considerada una «usurpación de una función pública». Montealegre explicó que «el control de decreto no lo hace el registrador, lo debe hacer la Corte Constitucional en un control posterior». Esta declaración subraya la tesis del Gobierno de que Penagos está extralimitándose en sus funciones y asumiendo un rol que no le corresponde en el marco del control de legalidad de los actos presidenciales.
¿Un Registrador en la Oposición?
La tensión entre el ejecutivo y la Registraduría ha escalado al punto de que el ministro Montealegre ha llegado a insinuar que el registrador Penagos ha tomado partido político. «Parece que el registrador entró a formar parte de la oposición y, como funcionario, no puede entrar a formar parte. El copió esa agenda y ya está en arenas movedizas», afirmó Montealegre, haciendo referencia a una supuesta instrumentalización política de la institución.
Esta grave acusación, si bien no explícitamente detallada en cuanto a la «agenda» a la que se refiere Montealegre, añade una capa de complejidad al ya tenso escenario. La implicación de que un funcionario electoral de alto nivel esté actuando con motivaciones políticas y no estrictamente técnicas, erosiona la confianza en la neutralidad de las instituciones y alimenta el debate sobre los límites de la autoridad presidencial y la autonomía de los órganos de control.
La situación actual presagia un prolongado pulso jurídico y político que, sin duda, tendrá repercusiones significativas en el panorama institucional de Colombia. La decisión sobre la denuncia penal y los eventuales pronunciamientos de las altas cortes serán cruciales para definir el desenlace de esta inédita controversia.
