El concejal de Bogotá Juan David Quintero le pidió al presidente electo Abelardo de la Espriella que su promesa de acabar con la impunidad se traduzca en hechos concretos para la capital: más Unidades de Reacción Inmediata, más capacidad judicial y una articulación real entre Nación, Distrito, Fiscalía y Rama Judicial.
La solicitud nace de una idea que Quintero ha venido defendiendo en su agenda de seguridad: la seguridad no termina en evitar el delito; también depende de que, cuando el delito ocurra, haya denuncia, investigación, captura, judicialización y sanción. En otras palabras, no basta con que la Policía capture si después el sistema no responde.
“Seguridad es que nadie robe: eso es imposible. Justicia es que el que roba sea castigado: eso sí es posible. Y ese debe ser el gran reto de Bogotá”, ha sostenido Quintero en sus pronunciamientos públicos.
El llamado se da luego de que De la Espriella hiciera campaña con un mensaje frontal contra la impunidad. Para Quintero, esa promesa tiene que aterrizarse en Bogotá, una ciudad donde miles de ciudadanos sienten que, después de un robo, denunciar es difícil, lento y muchas veces inútil.
Actualmente, según los soportes recopilados por el equipo del concejal, Bogotá cuenta con seis URI en funcionamiento: Paloquemao, Ciudad Bolívar, Bosa-Campo Verde, Puente Aranda, Kennedy y Engativá. Sin embargo, la ciudad tiene 20 localidades y más de ocho millones de habitantes, lo que evidencia una brecha entre la necesidad de justicia cercana y la oferta real de infraestructura judicial.
Para Quintero, esa distancia entre el ciudadano y la justicia tiene una consecuencia directa: desestimula la denuncia y alimenta la sensación de impunidad. “No se le puede pedir confianza a una víctima si para denunciar tiene que atravesar media ciudad, perder horas y luego sentir que no pasó nada”, señala la línea argumental de su agenda de seguridad.
Uno de los casos más simbólicos es la URI de Suba, una obra que debía acercar la justicia al noroccidente de Bogotá, pero que sigue sin ser entregada. En los documentos de seguimiento del concejal, este proyecto aparece como ejemplo de una justicia que llega tarde a una de las localidades más grandes y golpeadas por delitos de alto impacto.
El concejal también recordó que el Plan Distrital de Desarrollo 2024-2027 incluyó el programa de “Servicios centrados en la justicia”, con metas para ampliar equipamientos y servicios como una Casa de Justicia, una URI, dos Centros de Traslado por Protección, dos unidades móviles y dos Centros Integrales de Justicia.
Por eso, Quintero pidió que el nuevo Gobierno Nacional no mire la seguridad de Bogotá como un asunto exclusivamente distrital. A su juicio, la capital necesita respaldo nacional para aumentar capacidades institucionales, fortalecer la presencia de fiscales y jueces, avanzar en infraestructura de justicia y cerrarles la puerta a los reincidentes y a quienes cometen delitos violentos.
“Bogotá no necesita más diagnósticos. Necesita justicia que funcione. Si el presidente electo prometió acabar la impunidad, aquí tiene una tarea concreta: ayudar a que la justicia llegue a las localidades”, concluyó el cabildante.
Fuente: Oficina de Prensa Concejo de Bogotá – Concejal Juan David Quintero
