La Procuraduría General de la Nación ha decidido prorrogar por tres meses la suspensión provisional impuesta a la patrullera de la Policía Nacional, Erika Judith Pérez Romero, investigada por presunto abuso de autoridad contra un ciudadano en el barrio Rincón de Suba.
La medida se extiende mientras avanza la investigación disciplinaria que busca esclarecer los hechos ocurridos en octubre de 2024. Según las pesquisas, la uniformada habría agredido física y verbalmente con su bastón tonfa a Juan Sebastián Nova durante un procedimiento policial de registro en la localidad de Suba, al noroccidente de Bogotá.
El ente de control busca determinar si la actuación de Pérez Romero excedió los límites de sus funciones, vulnerando los derechos del joven y contraviniendo los principios de proporcionalidad y legalidad que rigen la actuación de la fuerza pública.
Paralelamente a la investigación disciplinaria, la Fiscalía Penal Militar y Policial adelanta su propia investigación por los mismos hechos. La agresión quedó registrada en un video que se viralizó rápidamente en redes sociales, mostrando el momento en que la patrullera golpea en el rostro al joven cuando este intentaba grabar el procedimiento con su teléfono celular. La difusión de este material audiovisual fue crucial para que las autoridades conocieran el caso e iniciaran las investigaciones correspondientes.
La defensa de Juan Sebastián Nova sostiene que su cliente se limitaba a documentar la actuación policial cuando fue violentamente interceptado y agredido por la uniformada. La Procuraduría Distrital de Juzgamiento será la encargada de emitir el fallo que determine las responsabilidades disciplinarias de la patrullera Pérez Romero en este caso.
En el video que desató la polémica, se escucha claramente a la policía increpar al joven antes de golpearlo: «Mire hacia allá (lo golpea). A mí no me esté tomando fotografías ni nada por el estilo. Las selfies vaya y tómeselas con su madre, conmigo no. Hágame el favor y saque el documento de identificación».
El derecho a grabar procedimientos policiales
Es importante recordar que, de acuerdo con el Artículo 21 del Código Nacional de Policía y Convivencia, los ciudadanos tienen el derecho de grabar cualquier procedimiento policial utilizando dispositivos tecnológicos como celulares o cámaras de video. La norma establece explícitamente que está prohibido impedir estas grabaciones, salvo restricciones legales expresas, y que la autoridad policial que lo haga sin justificación incurrirá en causal de mala conducta.
