La Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (Superservicios) ha ordenado a Vanti S.A. – ESP un plan de gestión que incluye el ajuste de las tarifas del servicio domiciliario de gas y la devolución de cobros indebidos a los usuarios desde diciembre de 2024. Esta drástica medida se toma en respuesta a las contundentes denuncias del presidente Gustavo Petro sobre la presunta especulación de las comercializadoras con el precio del combustible, afectando directamente el bolsillo de los colombianos.
La decisión, plasmada en la Resolución No. 20251000201245 del 6 de mayo de 2025, marca un hito en la regulación de servicios públicos, ya que es la primera vez que Superservicios adopta un plan de gestión de esta naturaleza para una comercializadora de gas. El objetivo principal es proteger los derechos de los usuarios y establecer normas corporativas que impidan la repetición de cobros injustificados.
Un Patrón de Preocupación Presidencial
La controversia se intensificó el pasado 7 de febrero, cuando el presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social X, alzó su voz de alerta: “Están especulando. Ecopetrol, tiene el gas colombiano barato, pero quieren importar el gas caro porque eso eleva las tarifas de energía a todos los actores del sistema eléctrico. Hay que proceder”. Este pronunciamiento se dio apenas un día después de que Vanti S.A. anunciara un incremento de hasta el 35% en la factura del servicio de gas domiciliario en sus zonas de operación, generando una ola de indignación entre los consumidores.
El Ministerio de Minas y Energía ya había encendido las alarmas el 6 de febrero, comunicando que “en el mes de diciembre de 2024 verificó e informó sobre la existencia de suficiente gas nacional para la demanda esencial a inicios de 205, de acuerdo con lo reportado con el Gestor del Mercado en su momento”. Ante esta evidencia, la cartera solicitó formalmente a la Superservicios “adelantar las acciones correspondientes para proteger a los usuarios residenciales, comerciales e industriales en distintas regiones del país que se verán afectados por el alza en las tarifas”.
El Debate sobre el Gas Nacional vs. Importado
El tema escaló a la agenda del Consejo de Ministros el 7 de abril de 2025, donde se abordó el incremento de las tarifas de energía. En esta instancia, el presidente Petro reiteró su preocupación, señalando que las comercializadoras estaban desviando el gas nacional, destinado al uso domiciliario, para la producción de energía térmica. A cambio, estarían adquiriendo gas importado, notablemente más costoso, para cubrir la demanda residencial.
En un llamado directo al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, el mandatario cuestionó: “Señor (Ricardo) Roa, no entiendo por qué Ecopetrol no está importando el gas. El simple hecho de que Ecopetrol no importe el gas está generando este negociado con los colombianos…porque si nos lo venden a 19 dólares, y es a 12 dólares, y en Panamá lo compran a 6 dólares, y por los cables de energía eléctrica de Panamá podría llegar gas importado a Colombia, vía energía eléctrica de ellos, bajaría esto que estamos hablando”. Petro enfatizó que este diferencial de precios representa una cifra alarmante de $4 billones 246 mil millones, lo que equivale a “2,6 veces más de lo que deberían ganarse, si (las hidros) vendieran la energía eléctrica al costo del agua”.
Consecuencias para las Empresas Intermediarias
La contundencia de las acusaciones presidenciales se materializó el pasado sábado 17 de mayo, cuando el jefe de Estado anunció en la misma red social: “Las empresas intermediarias de gas serán sancionadas porque lo que están haciendo es comprar gas para usos esenciales, que es el gas domiciliario, y lo guardan para venderlo como gas para energía eléctrica. Esta práctica está prohibida”. El mandatario fue enfático al advertir que el régimen sancionatorio comenzaría con multas y que la reincidencia en la especulación podría llevar a la intervención de las empresas.
La Superservicios, en su análisis, confirmó las irregularidades. Tras una exhaustiva revisión de la facturación y la información comercial proporcionada por Vanti S.A., se determinó que la comercializadora mantenía un contrato de suministro de gas nacional vigente con Ecopetrol, lo que le garantizaba suficiente gas para la demanda. Sin embargo, la empresa “decidió reportar de forma irregular una disponibilidad menor e insuficiente, con el propósito de justificar la importación de gas con destino a la demanda residencial”. Dado que el gas importado tiene un precio superior, esta maniobra sirvió como argumento para elevar las tarifas a los hogares colombianos.
La resolución de la Superservicios exige que el ajuste en la tarifa del servicio de gas natural domiciliario de Vanti S.A. se aplique a partir del consumo de diciembre de 2024, facturado en enero de 2025, y que se devuelvan a los usuarios los montos cobrados en exceso. Esta medida busca no solo corregir los cobros indebidos, sino también sentar un precedente claro sobre la transparencia y la protección al consumidor en el sector de servicios públicos.
