Un nuevo episodio de conflictividad social y de seguridad se vive en el cinturón esmeraldífero de Boyacá, luego de que cerca de 200 personas ingresaran por la fuerza a una zona de explotación de Compañías Muzo, en jurisdicción de Quípama, situación que volvió a encender las alarmas por el hambre, la informalidad minera y la ausencia de soluciones de fondo.
Dos hechos distintos mantienen en alerta a las autoridades y a la comunidad en el área de explotación de esmeraldas de Compañías Muzo, en el occidente de Boyacá. Desde la mañana de este jueves, un numeroso grupo llegó hasta el sector de la mina Pablo Sánchez, ubicada en límites entre los municipios de Quípama y Muzo, e ingresó a la zona para retirar material estéril dispuesto en grandes montones de desechos que ya no se utilizan en el proceso minero.
Confusión por comunicado
La situación generó molestia en la región luego de que, al parecer por un error, un comunicado de la multinacional mezclara dos hechos diferentes. Mientras la empresa aseguró que las personas ingresaron con explosivos y herramientas neumáticas para robar esmeraldas, guaqueros, líderes comunitarios e incluso autoridades locales desmintieron esa versión.
Según estas voces, las personas solo portaban palas y costales para recoger tierra desechada, con la esperanza de hallar pequeñas partículas de la gema verde que les permitan conseguir alimento durante Navidad y fin de año.
No obstante, el comunicado fechado el 18 de diciembre por Compañías Muzo Colombia señala que la incursión ocurrió dentro de la mina Pablo Sánchez. “Un grupo de personas está ingresando de manera irregular a la mina mediante el uso de explosivos y taladros hidráulicos con el objetivo de hurtar esmeraldas”, indicó la empresa, que además pidió la intervención urgente de las autoridades para restablecer el orden.
Rechazo desde la región
Líderes y autoridades de la zona rechazaron el pronunciamiento, al considerar que puede confundir a la opinión pública y asociar lo ocurrido en Quípama con los hechos registrados días atrás en la mina Santa Rosa, en Maripí, donde un grupo armado secuestró a 70 trabajadores e intentó robar un millonario botín de esmeraldas.
“Es irresponsable tratar de confundir a la opinión pública, a la prensa y a las autoridades”, señaló a EL TIEMPO un exalcalde de la región, quien insistió en que se trata de una reclamación histórica de mineros tradicionales y ancestrales.
Videos difundidos desde el lugar muestran a decenas de personas huyendo con costales de tierra en medio del uso de gases lacrimógenos. En uno de los registros, un hombre reclama a la Policía y a personal de la empresa por no permitir que la comunidad acceda al material estéril, que —según afirma— no tiene valor para la compañía pero sí representa una oportunidad de subsistencia para familias que pasan hambre.
Intervención de la Defensoría
La Defensoría del Pueblo confirmó que recibió alertas por el uso de gases lacrimógenos y un presunto uso desmedido de la fuerza. La entidad recordó que este tipo de hechos no son nuevos y que en años anteriores han ingresado hasta 700 guaqueros al mismo sector.
Desde la Defensoría explicaron que el conflicto dio origen a una mesa de gobernanza local, en la que participan la empresa, alcaldías, personeros, Gobernación de Boyacá, Agencia Nacional de Minería, Corpoboyacá, Procuraduría y la propia Defensoría, con el objetivo de evitar la repetición de estos episodios. Además, reiteraron el llamado a no utilizar la fuerza de manera excesiva.
La posición de la empresa
Por su parte, Camilo Acero, vicepresidente de Asuntos Corporativos de Compañías Muzo, reconoció que las personas que ingresaron a retirar estériles no portaban explosivos ni herramientas neumáticas. Sin embargo, afirmó que se rompió la malla de seguridad y se causaron daños en la zona.
El directivo insistió en que existen dos situaciones distintas y advirtió que desde hace seis meses se registra un problema grave de minería ilegal con uso de explosivos y herramientas hidráulicas para robar esmeraldas. Aunque aseguró que la empresa había avanzado en acuerdos con el Gobernador y la comunidad para entregar el material estéril, explicó que las normas ambientales limitan esa entrega por la contaminación que genera en los ríos.
“Entendemos la problemática social, pero necesitamos que se cumpla la ley. No se puede destruir la propiedad privada”, afirmó, al tiempo que advirtió que la situación podría agravarse en las próximas horas.
Denuncias sin respuesta
Finalmente, Acero denunció la existencia de 240 socavones ilegales financiados por estructuras criminales, una situación que, según dijo, ha sido reportada a distintas autoridades sin obtener respuesta. “Es un robo en cámara lenta”, afirmó, al señalar que el avance de túneles ilegales ya afecta la operación legal de Compañías Muzo.
Aunque aclaró que este escenario es distinto al ocurrido en Maripí, advirtió que el riesgo es alto, pues ya se escuchan martillos y explosivos cerca del corte principal de la mina. “En cualquier momento esto puede terminar en un hecho mucho más grave”, concluyó.
