En medio de la crisis económica y el alto costo de vida, Bogotá enfrenta una silenciosa pero devastadora amenaza, el crecimiento desbordado de los préstamos ilegales conocidos como “gota a gota”. Una práctica que, lejos de ser una solución rápida, se ha convertido en un sistema de esclavitud financiera para miles de ciudadanos y comerciantes.
Según un estudio de la Asociación Nacional de Instituciones Financieras (ANIF), estos préstamos informales se cobran con tasas de interés entre el 20 % y el 40 % mensual, y alcanzan en promedio el 380 % efectivo anual para personas, y hasta un 666,5 % para empresas. Es decir, más de 23 veces la tasa de usura legal permitida en Colombia.
El problema tiene raíces estructurales. De acuerdo con Colombia Fintech, apenas el 35 % de los colombianos tiene acceso a crédito formal. Y según la Encuesta de Micronegocios del DANE, en 2023 solo el 11,6 % de los micronegocios se creó con un préstamo legal. Para 2024, el 84,8 % de los microempresarios en Bogotá reportó no haber accedido a créditos formales.
Esta exclusión financiera ha empujado a vendedores informales, emprendedores y familias enteras a depender del “gota a gota”. El Instituto para la Economía Social (IPES) reveló que el 90 % de los vendedores informales en la capital recurrió a esta modalidad durante 2024, por considerarla de fácil acceso. Además, de los 571.329 pequeños negocios activos, el 86,7 % eran independientes y el 13,3 % empleadores, muchos de los cuales financiaron su operación a través de este sistema ilegal. Pero el precio es altísimo. No solo en intereses, también en vidas.
Según el Concejal David Saavedra, los “gota a gota” están vinculados a redes criminales dedicadas al lavado de activos, utilizando contratos de compraventa como garantía para legalizar dinero ilícito. Las consecuencias sociales, como intimidaciones, extorsiones, amenazas y asesinatos, son alarmantes.
El equipo del Concejal Saavedra, conoció el desgarrador caso de una mujer que tiene una pequeña tienda en el sur de Bogotá y deudas con doce prestamistas. Afirma que no ha podido abrir su negocio porque debe más de cinco millones de pesos. “Uno acaba de pagar y ellos le renuevan nuevamente esa deuda a las malas”, denuncia.
Asegura que está sola, debido a que su esposo falleció hace unos meses y permanece encerrada por temor a las amenazas constantes. Afirma que, durante el día, motocicletas rondan su casa dejándole mensajes intimidatorios debajo de la puerta y audios a su WhatsApp.
“Hoy, más que nunca, es urgente construir un sistema financiero justo, accesible e incluyente. La vida de los ciudadanos no puede seguir dependiendo del pago de deudas impagables a estas redes criminales. Se requiere una respuesta institucional decidida, articulada y firme frente a una problemática que ya no solo es económica, sino de seguridad”, concluyó el concejal Saavedra.
