La Secretaría de Hábitat de Bogotá tiene listo el proyecto de resolución para aliviar la situación de miles de personas que viven en arriendo y que se vieron afectadas económicamente durante la cuarentena decretada para contener el coronavirus.
Ese es el caso de Sandro Castellanos residente del barrio Bilbao en Suba, que trabaja como obrero de la construcción en el sur de Bogotá. «Hasta el momento estoy debiendo cerca de 600.000 pesos de arriendo», dice.
Según Castellanos, les han aconsejado que lleguen a un acuerdo con el propietario: «Nos han dicho que tratemos de arreglar con el dueño del apartamento, pero de todas formas a él también le hace falta la plata»
La resolución, precisamente, ha sido diseñada para ciudadanos como Sandro castellano, y también para independientes que se quedaron sin ingresos cuando comenzó la cuarentena.
La medida establece el pago de un auxilio monetario cuyo monto será establecido por la Secretaría Distrital de Hábitat, a partir de la focalización de los beneficiarios.
Dicha focalización será aplicada aplicada a grupos poblacionales vulnerables, pero también para quienes están en situación vulnerable por perder su capacidad adquisitiva producto de la emergencia.
Adicionalmente, se priorizarán hogares con jefatura femenina, que tengan integrantes mayores a 60 años, con discapacidad, menores de 18 años o víctimas de la violencia. En este momento la resolución está abierta a las observaciones de la ciudadanía, con plazo hasta este domingo 5 de abril.
Es de recordar que Jonathan Malagón, ministro de Vivienda, anunció que los ciudadanos que vivan en arriendo no podrán ser desalojados durante el tiempo de declaratoria de emergencia y hasta dos meses después. Además, no se aumentarán los cánones de arrendamiento. Esto para garantizar que las personas permanezcan en sus casas.
«Durante el periodo de declaratorio de emergencia y hasta dos meses después queda prohibido, en este país, el desalojo de familias que estén en arriendo. En Colombia no se podrá desalojar, bajo ninguna circunstancia, a una familia durante la declaratoria de emergencia e incluso dos meses después», dijo Malagón.
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