El concejal de Bogotá Armando Gutiérrez González presentó ponencia positiva, con modificaciones, al Proyecto de Acuerdo 724 de 2026, que propone cambios en el sistema tributario de la capital y busca fortalecer los ingresos de la ciudad durante la próxima década.
Tras revisar las cifras y escenarios fiscales del proyecto, Gutiérrez señaló que la reforma podría generar $14,43 billones adicionales de recaudo en diez años, frente a una renuncia estimada de $1,95 billones, para un balance neto positivo cercano a $12,79 billones.
Uno de los principales cambios propuestos busca condicionar los beneficios tributarios para grandes inversiones a la generación efectiva de empleo formal. La propuesta establece exigencias de 30, 50 y 100 puestos de trabajo, dependiendo del nivel de inversión, que deberán mantenerse durante el periodo del beneficio.
El concejal también planteó controles sobre la sobretasa al impuesto predial destinada a financiar la modernización del alumbrado público. El proyecto contempla $4,2 billones entre 2027 y 2036, con una meta de 100.000 luminarias LED y 20.000 nodos de telegestión.
Gutiérrez propuso que estos recursos tengan destinación exclusiva para alumbrado público y no puedan ser utilizados para financiar cámaras de videovigilancia, el C4 u otras obras de seguridad.
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En materia de predial, solicitó que Catastro publique anualmente la metodología y los datos utilizados para calcular el índice que incide en el impuesto, con el fin de fortalecer la transparencia y permitir el seguimiento ciudadano.
El concejal también destacó medidas de alivio para comerciantes y pequeños contribuyentes. Según el análisis presentado, los ajustes de tarifas y la eliminación de la retención por datáfono para determinados contribuyentes representarían cerca de $27.277 millones en alivios.
La ponencia contempla ocho modificaciones, relacionadas con empleo formal, alivios de cartera, destinación de la sobretasa, transparencia del predial, protección a microempresarios y ajustes al articulado.
Gutiérrez aclaró que su respaldo a la reforma no constituye un cheque en blanco para la Administración Distrital y aseguró que su decisión está sustentada en la revisión técnica de las cifras y en la búsqueda de beneficios concretos para los ciudadanos.
“No podemos legislar a punta de opiniones; los datos también tienen que mandar”, afirmó el concejal.
