En Debate de Control Político concejal Espinosa señaló que el 90% de los casos de sicariato por encargo quedan impunes y las propuestas para combatir el sicariato no han evolucionado y siguen siendo las mismas que se planteaban hace más de 35 años.
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El concejal de Bogotá, Julián Espinosa, alertó sobre el crecimiento alarmante del sicariato en la ciudad y denunció la falta de una respuesta efectiva por parte de la Secretaria de Seguridad frente a uno de los fenómenos criminales más letales y sistemáticos que enfrenta la capital.
Según el concejal, en el primer semestre de 2025 se han registrado 521 homicidios, de los cuales 156 han sido cometidos mediante la modalidad de sicariato. De mantenerse esta tendencia, se proyecta que Bogotá finalizará el año con al menos 568 asesinatos por encargo. Para Espinosa, esta situación representa un preocupante incremento frente a los 607 casos de 2024, los 437 de 2023 y los 431 de 2022.
“Una realidad aún más alarmante es la alta impunidad: de esos 156 casos, solo se han logrado 16 capturas, lo que deja 140 casos sin resolver. En otras palabras, casi el 90% de los sicariatos en Bogotá quedan en la impunidad”, puntualizó Espinosa.
Pese a las advertencias tempranas y a las cifras alarmantes, el Distrito sigue sin adoptar una estrategia integral, moderna y eficaz. Las acciones implementadas son, en su mayoría, las mismas que fracasaron hace más de tres décadas. Desde 1988, año en el que se creó sin éxito el Comité Antisicarial, se han venido aplicando medidas como el control de motocicletas, restricciones al porte de armas y operativos focalizados, sin resultados estructurales ni sostenidos. Hoy, más de 35 años después, se insiste en fórmulas similares como el plan “Microzonas”, patrullajes limitados y megatomas. Entre julio de 2024 y enero de 2025 se realizaron apenas 11 patrullajes mensuales y cuatro megatomas por mes, sin impacto significativo en los sectores intervenidos, que siguen presentando los mismos niveles de violencia.
“Por eso exigimos estrategias reales y efectivas. Porque, ojo a esta realidad: hace 35 años las propuestas para reducir el sicariato eran restricciones a las motos y control de armas. Hoy, desde la Secretaría de Seguridad, se plantean exactamente las mismas: control de armas ilegales y la posibilidad de restringir al parrillero”, señaló Espinosa.
Por otro lado, para el concejal de Alianza Verde, el fenómeno del sicariato no es aislado: está profundamente ligado al control de rentas criminales, el microtráfico, la extorsión, los ajustes de cuentas y las retaliaciones entre bandas, además de prácticas de disciplinamiento interno dentro de estructuras delictivas. Localidades como Ciudad Bolívar, Kennedy, Usme, Suba, Rafael Uribe Uribe, Santa Fe, Bosa y Engativá concentran los principales focos de violencia. Aunque estas zonas han sido priorizadas en distintas intervenciones institucionales, las cifras no muestran reducción.
Lo más grave es que esta crisis se mantiene a pesar del creciente gasto público. El presupuesto para combatir el sicariato se ha multiplicado por ocho, pero no hay evidencia de desarticulación de estructuras ni de una contención real del fenómeno. Mientras tanto, el reclutamiento de jóvenes para cometer asesinatos se vuelve más común, con pagos que oscilan entre $500.000 y $5 millones, según el objetivo. Las instituciones no han logrado prevenir ni frenar el avance de estas redes.
Otro elemento crítico es el tráfico de armas, que sigue fuera de control. En Bogotá se incautaron 1.119 armas en 2022, 3.105 en 2023 y 439 en el primer trimestre de 2024. A nivel nacional, entre enero y abril de 2025, fueron decomisadas 8.466 armas, muchas de ellas provenientes de Estados Unidos. La Policía Nacional reporta que en Colombia se incauta un arma de fuego cada 20 minutos, una cifra que revela la magnitud del problema.
Casos como el triple homicidio en El Codito, Usaquén, los asesinatos en Suba, Rafael Uribe, Bosa, Kennedy y Puente Aranda, así como el intento de asesinato del exsenador Miguel Uribe en Fontibón, son apenas una muestra del deterioro de la seguridad en Bogotá. Ante este panorama, el concejal Julián Espinosa hace un llamado urgente a la administración distrital.
“En más de 30 años, con todos los avances tecnológicos y los cambios sociales, seguimos proponiendo lo mismo para enfrentar un fenómeno criminal que se ha sofisticado y sigue creciendo. Eso no es aceptable”.
