En un hito histórico para la educación superior pública en Colombia, el presidente Gustavo Petro Urrego, en una reunión trascendental con los rectores de las 67 Instituciones de Educación Superior (IES) públicas del país, anunció la armonización de la Política de Gratuidad ‘Puedo Estudiar’. Esta decisión, que implica una reestructuración profunda en el financiamiento de la educación superior, busca garantizar la permanencia y el crecimiento sostenido de las IES públicas. Con ella, se consolida la educación como un derecho fundamental y no un privilegio.
La medida central de este anuncio es el traslado de 2.14 billones de pesos al presupuesto de funcionamiento de las IES públicas. Esta asignación no es menor: blinda los recursos destinados a la gratuidad, los convierte en partidas permanentes y asegura su aumento año tras año de manera recurrente. Es una apuesta decisiva del Gobierno por la estabilidad financiera de las universidades y centros de formación tecnológica.
El ministro de Educación, Daniel Rojas Medellín, explicó el alcance de esta transformación presupuestal con cifras contundentes. «El salto que estamos dando en materia presupuestal significa que año tras año este salto enorme, lo calculamos en el IPC más 27 puntos. «Este IPC más 27 será la base sobre la cual se indexen los presupuestos en adelante, sea cual sea el gobierno», afirmó Rojas Medellín, subrayando la trascendencia y la sostenibilidad de la medida que trascenderá cualquier administración. Este nuevo modelo de financiación contrasta marcadamente con el esquema anterior, donde los recursos para la gratuidad dependían de los límites de inversión definidos anualmente. Dicha situación generaba incertidumbre y limitaciones en la planificación de las instituciones.
Crecimiento Exponencial en la Cobertura y Fortalecimiento Regional
El ministro de Educación afirmó que los nuevos recursos permitirán a los rectores aumentar la cobertura. Tambien busca regionalizar y extender la universidad a donde más se necesita en Colombia. «Vamos a lograr la cifra de 500.000 nuevos cupos en educación superior. En esta misma reunión decíamos que en toda la vigencia de la Ley 30, desde el 92 hasta acá, se han creado 500.000 cupos. «En solo cuatro años de gobierno, crearemos 500.000 cupos, el doble de lo alcanzado en más de 30 años», enfatizó el ministro
La convicción detrás de esta política es clara: «la educación superior debe ser un derecho, no un privilegio. Por eso, en este Gobierno avanza para garantizar el acceso a miles de jóvenes en los territorios», manifestó el ministro, reiterando el compromiso del Gobierno con la equidad en el acceso a la educación.
Los rectores, por su parte, expresaron su complacencia y optimismo ante lo que consideran un fortalecimiento sin precedentes de la educación pública. Helberth Choachí, rector de la Universidad Pedagógica, destacó la «importante gestión del ministerio de Educación en favor del fortalecimiento de la educación pública». Choachí señaló que esta medida permite «superar el déficit que tenemos las instituciones de educación superior desde la ley 30 de 1992» y, además, «promover la excelencia académica en las regiones».
Hernán Porras Díaz, rector de la Universidad Industrial de Santander (UIS), resaltó la importancia de que los recursos provengan de la línea de funcionamiento. «Al venir todos los recursos por línea de funcionamiento nos permite garantizar permanencia en la línea del tiempo y la indexación nos permite mantener esos recursos a través del tiempo. Eso es fundamental para ampliar la planta y garantizar el mantenimiento», explicó Porras Díaz, enfatizando la visión a largo plazo que ofrece esta nueva estructura presupuestal.
Robert Romero, rector de la Universidad Popular del Cesar, valoró la apertura y escucha del jefe de Estado. «El presidente nos escuchó a todos los rectores, revisamos todos los temas y recibimos toda la intención del señor Presidente para fortalecer la universidad pública en el país. Se requiere presupuesto, pero el presidente nos expresó todo su apoyo para llegar a la población menos favorecida», puntualizó Romero, destacando el compromiso presidencial con las poblaciones más vulnerables.
Un Salto Histórico de Colombia en la Inversión y Cinco Beneficios Estructurales
El nuevo modelo de financiamiento representa un cambio paradigmático en la forma en que el Estado colombiano invierte en educación superior pública. Al liberar los recursos de los límites de inversión anuales, el Gobierno del Cambio ha logrado un incremento significativo en el presupuesto de funcionamiento de las IES públicas, pasando de 6 billones de pesos en 2022 a 9.8 billones de pesos en 2025. Así mismo este aumento del 64% es, según las autoridades, la inversión más alta en educación superior pública en la historia del país.
La Política de Gratuidad, que cubre el pago de matrícula de estudiantes de pregrado en universidades e instituciones técnicas profesionales, tecnológicas y universitarias públicas, se ha consolidado como el pilar fundamental para democratizar el acceso a la educación superior. Entre 2023 y 2024, esta política movilizó cerca de 4 billones de pesos, beneficiando a cientos de miles de jóvenes. El Gobierno Nacional avanza con la firme convicción de que cada vez más estudiantes accedan a la educación como un derecho inalienable.
La armonización de la política de gratuidad garantiza cinco beneficios estructurales para el sistema de educación superior público:
- Recursos Permanentes y Crecimiento Anual. Los recursos estarán disponibles en las siguientes vigencias fiscales y aumentarán anualmente.
- Independencia de Limitaciones Presupuestales. Al salir del rubro de inversión, los recursos no estarán sujetos a las limitaciones presupuestales anuales que afectaron políticas educativas en administraciones anteriores.
- Aumento Histórico en Financiamiento. Se consolida un incremento sustancial en el financiamiento de las IES públicas con recursos adicionales dispuestos por el Gobierno Nacional.
- Equidad para Instituciones Técnicas y Tecnológicas. Por primera vez, las instituciones técnicas y tecnológicas reciben un tratamiento presupuestal equitativo, reconociendo su papel crucial en la formación de talento humano.
- Fortalecimiento del Derecho a la Educación desde la Oferta. Se garantiza que las instituciones públicas cuenten con la capacidad instalada necesaria para atender la demanda nacional, fortaleciendo así el derecho a la educación superior.
A partir del segundo semestre de 2025, más de 900.000 estudiantes de pregrado en instituciones públicas de educación superior se beneficiarán directamente de esta medida. Así mismo el anuncio de Petro no solo inyecta recursos vitales al sistema educativo, sino que también declara la importancia de la educación. Esta es vista como un motor clave para el desarrollo y la equidad social en Colombia.
