Una reunión realizada en el Palacio de Nariño con integrantes no independientes de la junta directiva de Ecopetrol ha generado controversia y nuevas inquietudes sobre eventuales cambios en el gobierno corporativo de la principal empresa del país.
La convocatoria fue enviada por la presidenta de la junta, Ángela María Robledo, a miembros que han mantenido cercanía con el Gobierno Nacional. El encuentro ha despertado dudas sobre si desde la Casa de Nariño se estaría evaluando acelerar ajustes en la estructura de la junta antes de la segunda vuelta presidencial y del cierre del actual mandato.
Entre los puntos que han generado debate está la posible modificación de la representación de los accionistas minoritarios, así como cambios en la participación del delegado de los trabajadores, cargo que hoy ocupa César Loza, exdirigente de la USO y crítico de la política de hidrocarburos del Gobierno.
Sectores que han advertido sobre el proceso señalan que cualquier reforma debe contar con soporte técnico, evaluación institucional y garantías para los inversionistas, con el fin de evitar interpretaciones sobre cambios en las reglas de gobernanza de la compañía. También advierten que una decisión de este alcance en medio del escenario electoral podría traer consecuencias jurídicas y reputacionales.
USO cambia postura frente al Gobierno y Ecopetrol
El debate se da en paralelo a un giro en la postura de la Unión Sindical Obrera (USO), que pasó de respaldar al Gobierno y a la administración de Ecopetrol a tomar distancia en los últimos meses. Incluso, el sindicato anunció un paro de 24 horas que, por ahora, no afectará la operación de la empresa.
Según la información conocida, la reunión citada en el Palacio de Nariño se llevó a cabo en la tarde del día anterior y hace parte de las discusiones sobre posibles cambios en la gobernanza de Ecopetrol, incluyendo la representación de fondos de pensiones y del sector laboral en la junta directiva.
No obstante, fuentes cercanas a la compañía advierten que avanzar en reformas en este momento político podría generar riesgos legales, financieros y de estabilidad institucional para la empresa.
La discusión continúa abierta mientras crece la expectativa sobre las decisiones del Gobierno frente a la estructura de Ecopetrol en la recta final del mandato.
