FUNVIVE 2.0 bajo la lupa: El contrato en Suba que desata la polémica es llamado a control político

Lina M. Vela, edilesa de Suba por el partido Colombia Humana, denuncia presuntas irregularidades en el contrato 634 de 2023 con el operador FUNVIVE 2.0, destinado a la prevención de violencias contra las mujeres en la localidad.

Hablando sobre la situación de violencias y feminicidios contra las mujeres en la localidad, la edilesa Lina M. Vela, señaló presuntas irregularidades en el contrato 634 de 2023, firmado con el operador FUNVIVE 2.0, para la ejecución de estrategias de prevención de violencias contra las mujeres.

Vela, en entrevista con este medio, denunció que el operador habría incumplido con varios puntos del contrato. «Se suponía que se vincularían a 87 mujeres para llevar a cabo las estrategias de prevención. A pesar de que se presentaron más de 900 mujeres a la convocatoria, muchas de las seleccionadas aún no han sido vinculadas formalmente. Además, denuncian modificaciones en el valor de sus salarios y sobrecarga laboral», afirmó la edilesa.

Otra de las irregularidades denunciadas por Vela señala que el operador estaría cobrando a las Juntas de Acción Comunal (JAC) una suma superior a la acordada por el uso de los salones comunales. «Están cobrando 700.000 pesos por el uso de los salones cuando en realidad se les está pagando 400.000», afirmó.

Lina, aseguró que, a pesar de las amenazas por parte del operador contra las mujeres, se llevará a cabo un debate de control político la próxima semana para exigir transparencia en la ejecución del contrato y que se garanticen los derechos de las mujeres vinculadas al proyecto.

La edilesa también cuestionó la formulación del proyecto, señalando que presenta «un problema grandísimo» en cuanto a la planificación y ejecución. «Se debe garantizar que las mujeres seleccionadas puedan realizar las funciones para las que fueron contratadas y que no haya sobrecostos en rubros como refrigerios y almuerzos», manifestó.

Finalmente, Lina cuestionó el hecho de que el proyecto se haya lanzado públicamente seis meses después de haberse iniciado su ejecución, considerando esta situación como «injustificada».

By Yenifer Ardila

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Related Posts