En una intervención profundamente preocupante, Alba Lucía Sotomayor, Directora e Inspectora de Derechos Humanos de la Fundación «Alba Lucía Sotomayor», expuso una serie de denuncias sobre la grave situación que enfrentan las víctimas de violencia en las comisarías de familia en Colombia.
Según Sotomayor, muchos casos de abuso y violencia, tanto física como psicológica, son desestimados o mal manejados por las autoridades encargadas de velar por el bienestar de los afectados, dejando a las víctimas desprotegidas y con pocas opciones de justicia.
Sotomayor relató uno de los casos más impactantes que le llegó recientemente, el de Judith Cortés, una joven que sufrió acoso y amenazas constantes de su ex pareja. La joven acudió a una comisaría de familia buscando ayuda, pero fue enviada a la Fiscalía sin recibir el apoyo necesario para enfrentar su situación.
Sotomayor denunció que, al llegar a la Fiscalía, la respuesta fue igualmente insatisfactoria, cerrando el caso debido a la inasistencia del acusado a la citación. «Este tipo de actitudes institucionales no solo agravan la situación de las víctimas, sino que también las condenan a vivir en constante miedo y desesperación», subrayó la defensora de derechos humanos.
Otro caso alarmante expuesto por Sotomayor fue el de una niña en la localidad de Bosa, quien fue víctima de abuso sexual en su colegio. Tras la denuncia, la niña fue llevada al Instituto Colombiano del Bienestar Familiar (ICBF) para su protección, pero la situación dio un giro aún más preocupante cuando las autoridades decidieron separar a la niña de su madre.
«La niña, que ya había sido víctima de un abuso, fue retirada de su hogar por el ICBF bajo el pretexto de ‘protección’, pero esto solo generó más trauma, alejándola de su entorno familiar», explicó Sotomayor. Este caso resalta la falta de coherencia y la desconexión entre las instituciones encargadas de la protección de los derechos de los menores.
La falta de acompañamiento psicosocial es otro punto crítico que Sotomayor denunció con vehemencia. «Las víctimas de violencia, tanto hombres como mujeres, no reciben el apoyo emocional que necesitan en momentos tan difíciles», afirmó. Sotomayor también expresó su preocupación por la insuficiencia de servicios de salud mental, especialmente tras los efectos devastadores de la pandemia en la salud emocional de la población. «Las pocas clínicas públicas disponibles para el tratamiento de trastornos psicosociales no están a la altura de la necesidad», concluyó.
Además de estas denuncias, Sotomayor señaló la escasa efectividad de las autoridades para hacer frente a la corrupción en las comisarías de familia. La funcionaria comentó que en algunos casos los responsables de atender las denuncias de violencia familiar son en realidad los que perpetúan la desprotección de las víctimas, desestimando casos o, peor aún, involucrándose en prácticas corruptas.
La indignación de Sotomayor se hizo evidente cuando mencionó que algunas comisarías, lejos de ser refugios para los afectados, se han convertido en espacios donde prevalecen intereses ajenos al bienestar de la ciudadanía.
Sotomayor también denunció la desidia de ciertos servidores públicos que se niegan a poner en práctica medidas de protección eficaces para las víctimas. “Es alarmante que, en pleno siglo XXI, los responsables de garantizar la protección de los derechos fundamentales de las personas sigan mostrando tal indiferencia y negligencia ante casos tan graves”, expresó.
Las víctimas de violencia, según Sotomayor, se ven obligadas a recurrir a organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos acreditados, dado que muchas veces no encuentran respuestas satisfactorias dentro del sistema institucional.
Finalmente, la directora hizo un llamado urgente a la ciudadanía a no quedarse en silencio y denunciar los abusos. «Es fundamental que las víctimas se acerquen a los verdaderos defensores de derechos humanos y no a aquellos que solo buscan notoriedad. No podemos permitir que el miedo nos silencie», afirmó.
Sotomayor instó a las víctimas a activar los mecanismos de denuncia disponibles y a no dudar en poner en marcha procesos disciplinarios ante la falta de acción por parte de los funcionarios públicos de las comisarías.
