La Contraloría de Bogotá D.C., intervino ante el Consejo de Estado advirtiendo sobre la posibilidad de que se genere un detrimento en los recursos del Distrito en virtud de las órdenes impartidas por el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en el caso de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales PTAR Salitre.
El ente de control de la capital pidió que los argumentos de este nuevo escrito sean tenidos en cuenta dentro de la apelación que está resolviéndose sobre las medidas cautelares que impuso en su momento el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en la sentencia del año 2014 (conocida como Sentencia del Río Bogotá) en la que se argumentó la protección de los derechos colectivos relacionados con el agua y el goce de un ambiente sano, entre otros.
En el documento dirigido al magistrado Oswaldo Giraldo, de la Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Primera, la Contraloría de Bogotá D.C. invocó los derechos colectivos al patrimonio público y la moralidad administrativa, tras pedir que se analice el alcance de las órdenes impartidas por el juez popular (Tribunal Administrativo de Cundinamarca) órdenes que podrían producir detrimento de los recursos públicos de la ciudad.
Así las cosas, la Contraloría de Bogotá D.C. le solicitó al Consejo de Estado delimitar o establecer el alcance de las decisiones adoptadas por el Tribunal, tras señalar que la Procuraduría General y el Banco Mundial han resaltado múltiples situaciones posiblemente constitutivas de incumplimiento contractual por parte del concesionario Consorcio Expansión PTAR Salitre CEPS, lo que impone revisar con suficiente rigor el estado real respecto al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, de manera previa a autorizar nuevos pagos a su favor.
En esencia, la Contraloría de Bogotá D.C. pidió que dentro del análisis de los recursos interpuestos por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá y por el Ministerio Público, se evalúe el alcance de las órdenes impartidas por el Tribunal de tal manera que sean tenidas en cuenta las diferentes situaciones expuestas ante la posible afectación del patrimonio de los bogotanos, pero además que se garantice que la PTAR El Salitre sea entregada por el contratista bajo las condiciones de funcionalidad y operación pactadas en el contrato.
