El movimiento político Pacto Histórico solicitó explicaciones al Gobierno del presidente Abelardo de la Espriella y a la primera dama, Ana Lucía Pineda, sobre el manejo de los recursos recaudados para atender a las comunidades afectadas por el terremoto ocurrido hace tres meses en varias regiones del país. En un pronunciamiento divulgado este 10 de noviembre, la colectividad presentó 12 preguntas relacionadas con el Fondo Milagro y las donaciones administradas por la Fundación Colombia Luz y Sonrisas.
Uno de los principales cuestionamientos está relacionado con los $54.589 millones que, según un informe de la fundación, fueron recibidos, administrados y canalizados después de la emergencia. El Pacto Histórico pidió conocer el destino de estos recursos, su nivel de ejecución y las ayudas que efectivamente han llegado a las familias damnificadas.
De acuerdo con el pronunciamiento, cerca de $6.400 millones estarían depositados en un encargo fiduciario y aproximadamente el 88 % de los recursos permanecería pendiente de ejecución. La colectividad también cuestionó la falta de extractos bancarios, información detallada sobre los donantes y un cronograma específico para la utilización del dinero.
Por su parte, la Fundación Colombia Luz y Sonrisas aseguró en un informe publicado en octubre que recibió más de $54.500 millones provenientes exclusivamente de aportes privados. La organización explicó que buena parte de estos recursos continúa reservada para la reconstrucción y señaló que cerca del 81 % corresponde a una contribución de la familia Gilinski destinada a recuperar instituciones educativas y de salud en Cali. La controversia también llegó a los estrados judiciales, luego de que el senador Alejandro Ocampo interpusiera una acción de tutela para obtener información más detallada sobre las donaciones.
El cuestionamiento del Pacto Histórico también abarca el funcionamiento del Fondo Milagro, la ejecución de los contratos destinados a atender la emergencia y las razones por las cuales algunos procesos habrían sido adjudicados directamente. Hasta el momento, los interrogantes planteados por la colectividad no constituyen pruebas de irregularidades, pero reavivan el debate sobre la transparencia y la trazabilidad de los recursos. La discusión se centra ahora en establecer cuánto dinero se ha ejecutado y qué inversiones han beneficiado realmente a las comunidades afectadas.
