La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria para esclarecer posibles irregularidades en un contrato suscrito en 2022 para la adquisición de drones destinados a la Policía Nacional, cuyo valor superó los 3.700 millones de pesos.
La decisión vincula al coronel en retiro Didier Alberto Estrada Álvarez, exdirector del Fondo Rotatorio de la Policía Nacional (FORPO); a la capitán Alejandra Sepúlveda Figueroa, quien coordinaba el Centro Integrado Policial Permanente Anticontrabando (CIPPA); al intendente Ismael de Aguas, encargado de la verificación de información de esa dependencia, y al mayor Edwin Arley Espejo Navarro, quien supervisó la ejecución del contrato.
De acuerdo con el organismo de control, la investigación busca determinar si durante las etapas precontractual y contractual se presentaron inconsistencias en la compra de los sistemas aéreos remotamente tripulados (SIART), especialmente en los criterios utilizados para seleccionar al contratista.
La Procuraduría analizará si el proceso de contratación se ajustó a las disposiciones legales y si los servidores públicos involucrados cumplieron con las funciones y responsabilidades que les correspondían durante la ejecución del contrato.
En esta etapa, el ente de control recopilará pruebas y documentos para establecer cómo se adelantó el proceso y definir si existen elementos suficientes para formular cargos disciplinarios contra los funcionarios y exfuncionarios investigados.
La apertura de la investigación no implica una decisión de fondo, sino el inicio de las actuaciones encaminadas a esclarecer los hechos y establecer si hubo conductas con posible relevancia disciplinaria.
